En las últimas semanas Cuba ha salido del foco de la Administración Trump tras meses en los que las amenazas contra la isla hacían pensar que una agresión militar era una opción real. El presidente estadounidense ha abandonado, al menos a corto plazo, la idea de una agresión militar directa y opta por aumentar la guerra económica con el objetivo de forzar una transformación sin pagar el precio político de una guerra a escasos tres meses de las elecciones de medio término, las mid-term que renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.PublicidadLa vía militar deja paso a un aumento de las sanciones. Este jueves los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron una nueva ronda contra Cuba. En enero la Administración Trump ya impuso un draconiano bloqueo petrolero y en mayo aprobó un nuevo marco de sanciones con el objetivo de asfixiar a la economía cubana; desde entonces, Washington ha designado ya a más de medio centenar de entidades e individuos cubanos (acabar con rigor). En esta ocasión, las medidas golpearon a nueve entidades estatales de la minería, los metales, la construcción y el comercio exterior, y a varios dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el organismo que coordina buena parte de la solidaridad internacional con la isla. Hacia quiénes van dirigidas las sanciones prueba que EEUU persigue el aislamiento económico de la isla poniendo en su lista negra a empresas importadoras y exportadoras de bienes, y limitando no solo su actividad con Washington, sino amenazando con sanciones a cualquier otra empresa extranjera que pudiera comerciar con ellas.Durante meses, un Donald Trump envalentonado por el éxito de la operación militar en Venezuela elevó la retórica contra la isla hasta llegar a asegurar que Cuba "sería la siguiente", al tiempo que aumentaba el despliegue militar en las inmediaciones del país. La dirección política cubana llegó a manejar la agresión militar como una posibilidad "muy real" y activó planes de contingencia. "No queremos la guerra, pero no le tememos tampoco a la agresión", aseguró entonces el propio presidente, Miguel Díaz-Canel.La acción militar directa, sin embargo, nunca fue la opción preferida por todos los asesores del magnate republicano. El Gobierno de Trump confiaba en que sacar a Venezuela de la ecuación —principal socio político y proveedor energético de La Habana— bastaría para precipitar la caída del Gobierno cubano. Más de siete meses después de la operación estadounidense que se llevó a Nicolás Maduro de Caracas a un tribunal de Nueva York, la isla sobrevive, aunque el coste social ha sido enorme, con apagones diarios y carestía de varios productos de primera necesidad. Fue la impaciencia de Donald Trump ante ese desenlace que no llegaba la que dio cada vez más protagonismo a una vía militar que nunca ha terminado de activarse.Una guerra impopular a tres meses de las urnasLa principal razón para no desembarcar tropas es que el modelo venezolano no parece exportable al caso cubano. En Caracas bastó una operación localizada, un centenar de bajas —de las que un tercio fueron guardaespaldas cubanos— y el secuestro del presidente para dejar al frente del país a una dirección dócil a Washington; había fisuras internas suficientes para que el aparato de Estado siguiese funcionando sin Maduro. Cuba no ofrece esa grieta. El Partido Comunista gobierna desde hace sesenta años, controla la economía y la estructura militar, y su dirección se presenta —en palabras del propio presidente Miguel Díaz-Canel— como "monolítica". Sin oposición interna organizada en el país y sin cuadros díscolos conocidos dentro de la dirección, un ataque localizado no garantiza la transición que Washington necesitaría. La alternativa de un despliegue militar permanente sobre la isla tendría un elevado coste económico y, previsiblemente, en bajas humanas. Un precio demasiado alto para los republicanos.PublicidadEse recelo se ha impuesto. La Administración llega al final del verano empantanada en Irán casi seis meses después de los primeros bombardeos, con el estrecho de Ormuz bloqueado y el precio de los combustibles disparado; y con la aprobación de Trump en el 33%, su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, según la última encuesta de Reuters/Ipsos. El 80% de los estadounidenses dan por hecho que la guerra se prolongará y, por primera vez en casi una década, los demócratas aventajan a los republicanos en la pregunta a la opinión pública sobre quién gestionaría mejor la economía.Una encuesta de YouGov publicada en agosto revela que solo el 17% apoya abiertamente una acción militar contra la isla. El rechazo a una agresión es mayoritario tanto entre votantes demócratas (79%) como independientes (58%) y divide enormemente a los votantes republicanos (un 33% apoya la idea y un 30% no la rechaza).El 3 de noviembre se renuevan la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y los republicanos defienden mayorías estrechas en ambas. Abrir un segundo frente militar a noventa millas de Florida —con bajas propias o con un escenario de cronificación como el iraní— introduciría en la campaña una variable que nadie en Washington sabe medir, y nada permite dar por hecho que una operación contra Cuba mejore unas proyecciones de voto que hoy no son optimistas. La retórica bélica se ha espaciado en las últimas semanas, con Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, centrando sus ataques verbales en los demócratas, en Corea del Sur y en un frente iraní que el presidente amenazó esta misma semana con ampliar. Cuba ha salido del foco mediático que durante meses ocupó. El lenguaje belicoso contra la isla ha disminuido; las sanciones, no.PublicidadEl cerco al comercio exteriorLa guerra económica contra Cuba no empezó este jueves. El 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato, Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una categorización que el Gobierno estadounidense realiza de manera discrecional pero que tiene un impacto directo en la inserción bancaria internacional de la isla. El 29 de enero de 2026, tres semanas después de la caída del Gobierno de Maduro, la orden ejecutiva 14380 declaró la emergencia nacional respecto a Cuba e impuso aranceles extraordinarios a los países y empresas que comerciasen crudo con la isla, un bloqueo petrolero de facto que ha hecho que desde entonces un único carguero ruso haya llegado al país, agravando la grave crisis energética. El 1 de mayo llegó la orden 14404 y, con ella, el instrumento jurídico que ha permitido encadenar rondas sucesivas contra el debilitado sector productivo cubano; tanto público como privado.El 4 de junio las designaciones alcanzaron por primera vez a organizaciones sociales y de masas: el propio ICAP, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El 6 de agosto le tocó al aparato militar, con cinco empresas de la industria de defensa —entre ellas Tecnoimport y la Unión de Industrias Militares— y ocho altos mandos encabezados por el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, a los que Washington acusa de comprar armamento a Rusia y China. Y ahora esta, la primera que alcanza al Ministerio de la Construcción.Todas las sanciones persiguen el mismo objetivo, golpear a las empresas cubanas con actividad exterior, la principal vía de entrada de las divisas que sostienen al país. La sanción no prohíbe comerciar con ellas, pero eleva el coste de hacerlo hasta un umbral que pocas compañías asumen, porque obliga a elegir entre un mercado pequeño y sancionado y el acceso al estadounidense. El efecto se ha extendido de la exportación a la importación y a todos los sectores. En el turismo, motor económico del país, grupos como Meliá o Iberostar abandonaron el país tras la amenaza del Departamento del Tesoro de sufrir consecuencias si seguían operando en Cuba.Entre las entidades designadas el jueves figuran la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba, el Ministerio de la Construcción y dos importadoras de vehículos, piezas y materiales de obra, junto a la agencia que contrata trabajadores cubanos para entidades extranjeras.También se castiga a la cúpula del ICAP: su presidente, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Ramona Rabaza Fernández; y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. González cumplió quince años de cárcel en Estados Unidos como integrante de la Red Avispa, la red de contrainteligencia que en los noventa vigiló a las organizaciones anticastristas de Miami, y desde su regreso a la isla en 2014 ocupa cargos en el instituto, que preside desde 2017. Marco Rubio acusó al ICAP de sostener una red subversiva destinada a "identificar, reclutar y radicalizar" a ciudadanos estadounidenses, y apoyó las designaciones en un informe que el Departamento de Estado publicó el 20 de julio con el título "Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI". En la práctica, el ICAP centraliza campañas de apoyo popular a nivel global y coordina la llegada de los grupos solidarios que visitan la isla sin vínculos probados con actividades armadas."Genocidio silencioso"Fuentes cubanas consultadas por este diario no descartan por completo el escenario bélico, aunque admiten que las declaraciones públicas de Washington sobre la isla se han reducido en las últimas semanas. Esas mismas fuentes describen la fase actual como un "genocidio silencioso". Señalan que "el bloqueo no solo se ha recrudecido, sino que ahora persiguen con mayor intensidad a quienes comercian con Cuba en cualquiera de las dos direcciones".La lectura desde La Habana sitúa el cerco en tres movimientos simultáneos: la prohibición de que llegue combustible a la isla; la sanción a las empresas cubanas que exportan, para privar al país de cualquier ingreso exterior; y la sanción a los proveedores extranjeros de los insumos básicos que Cuba importa. El resultado pretendido, según esta lectura, es que no entre "nada" en el país y que tampoco haya divisas con las que acudir al mercado internacional.Publicidad"Ahora mismo hay más de 7.000 contenedores de insumos médicos, alimentos, productos para el sector energético y otros bienes de primera necesidad que están en puertos del Caribe y no pueden llegar a La Habana por el temor de las navieras a que sean sancionadas", apuntan. "Se trata de productos comprados lícitamente, que pese a haber sido adquiridos de forma legal seguimos sin poder disfrutar de ellos", afirman las mismas fuentes.El canciller Bruno Rodríguez aseguró este mismo jueves que las medidas de Estados Unidos buscan "impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población", y defendió al ICAP como una institución dedicada a la cooperación y la solidaridad internacional.En cualquier caso, el desplazamiento de la vía militar por parte de Washington a corto plazo no equivale, necesariamente, a una renuncia a medio. Con el frente iraní abierto y las elecciones de noviembre encima, la Casa Blanca confía en que las sanciones fuercen un estallido social que justifique una eventual intervención, abran fisuras en la dirección del país o arranquen una cesión cubana en parcelas clave. De no funcionar esta vía, si los republicanos mantuviesen la mayoría en ambas cámaras tras las elecciones de medio término, algo que hoy no parece probable, el magnate podría estar tentado de volver a activar la vía armada.