La política de la administración de Donald Trump dio un giro drástico hacia el hemisferio occidental. Tras la frustrada guerra contra Irán y los cuestionados resultados de la ofensiva militar, la Casa Blanca decidió redirigir su doctrina de “máxima presión” hacia el Caribe. Cuba, el histórico bastión comunista a escasas millas de Florida, se convirtió en el nuevo objetivo prioritario de Washington. Mediante una combinación coordinada de asedio económico, despliegue naval, ofensiva judicial y retórica de cambio de régimen, EE.UU. busca forzar el colapso del sistema político de la isla, aprovechando la peor crisis energética y social que padece La Habana en décadas. El Departamento de Justicia de EE.UU. ejecutó un golpe de alto impacto simbólico y legal al desclasificar una acusación penal formal en un tribunal del Distrito Sur de Florida contra el expresidente y líder histórico de la Revolución Cubana, Raúl Castro, de 94 años.
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El dictamen acusa formalmente a Castro y a otros cinco altos mandos militares de “conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves”. El caso se remonta a exactamente tres décadas atrás, el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron dos avionetas civiles de la organización humanitaria de exiliados “Hermanos al Rescate” en el Estrecho de Florida. El ataque, ocurrido sobre aguas internacionales, se cobró la vida de cuatro tripulantes que intentaban ayudar a los balseros que huían de la isla. Aunque Donald Trump declaró a la prensa que esto no busca generar una guerra abierta porque la isla “se está cayendo a pedazos sola”, analistas internacionales ven en esta imputación un mecanismo para legitimar futuras acciones de captura o forzar una capitulación del liderazgo cubano, replicando la estrategia utilizada a inicios de año contra el liderazgo venezolano. Despliegue militar. De manera simultánea, el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) confirmó la entrada del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de combate en las aguas del Mar Caribe. El Pentágono justificó la presencia de la flota bajo el marco de los ejercicios multinacionales preplanificados Mares del Sur 2026. No obstante, el propio Comando Sur calificó el despliegue en sus canales oficiales como una demostración indiscutible de “alcance, letalidad y ventaja estratégica”. Este movimiento marítimo se complementa con un incremento exponencial de la actividad de espionaje del aire: aviones de reconocimiento y drones de la Fuerza Aérea y de la Marina norteamericana han realizado más de 25 misiones de vigilancia al límite del espacio aéreo cubano en las últimas semanas. Expropiaciones y juicios. En el plano legal-económico, la presión estadounidense recibió el respaldo definitivo del Poder Judicial. La Corte Suprema emitió esta semana un fallo clave vinculado a la Ley Helms-Burton, que favorece al reclamo de un empresario cubano exiliado, que reclama por sus bienes confiscados por la revolución de 1959. Con esta resolución, miles de exiliados cubanos en Florida tienen la vía libre para reclamar compensaciones por muelles, hoteles, ingenios azucareros y terrenos nacionalizados. Con el portaaviones Nimitz frente a sus costas y las finanzas internacionales bloqueadas, la isla enfrenta su hora más crítica bajo la atenta y hostil mirada de Washington.
