El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede provocar la Orden ISM/541/2026, cuya principal novedad consiste en que las personas solicitantes o perceptoras de incapacidad temporal (IT), y también aquellas afectadas por expedientes de incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, pasan a estar obligadas a recibir notificaciones electrónicas.CEDDD considera que la digitalización de la Administración debe ir acompañada de garantías reales para evitar que miles de ciudadanos queden excluidos del acceso efectivo a sus derechos. La organización advierte de que esta medida puede afectar especialmente a personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, ciudadanos con escasa alfabetización digital y personas que carecen de acceso a internet o de dispositivos electrónicos.La nueva regulación parte de la premisa de que las personas afectadas disponen de conocimientos y medios tecnológicos suficientes por estar vinculadas al ámbito laboral. Sin embargo, CEDDD recuerda que muchas personas en situación de incapacidad temporal o permanente presentan dificultades físicas, sensoriales, cognitivas o económicas que limitan su capacidad de relacionarse electrónicamente con la Administración.La entidad alerta de que la obligación de consultar las notificaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social puede provocar la pérdida de plazos para presentar alegaciones, reclamaciones o recursos cuando la persona afectada no tenga conocimiento efectivo de la notificación. Esta situación puede derivar en escenarios de indefensión material, especialmente cuando se trata de procedimientos relacionados con altas médicas, incapacidades o prestaciones económicas esenciales para la subsistencia de los afectados.CEDDD reconoce que la norma incorpora medidas de apoyo, como el envío de avisos electrónicos o la asistencia presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. No obstante, considera insuficiente que la única alternativa práctica para quienes no pueden acceder a medios digitales sea desplazarse físicamente a una oficina pública o depender de terceros para conocer el contenido de sus notificaciones.Asimismo, la organización echa en falta medidas específicas para las personas con discapacidad visual, intelectual o cognitiva, así como para las personas mayores o dependientes que no disponen de medios tecnológicos o presentan especiales dificultades para utilizarlos.Por ello, CEDDD solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que establezca excepciones o canales alternativos de notificación para colectivos vulnerables, garantizando que la transformación digital de la Administración no se traduzca en nuevas barreras de acceso a los derechos sociales. La entidad considera imprescindible compatibilizar la modernización administrativa con los principios de igualdad, accesibilidad universal, no discriminación y protección de las personas más vulnerables.