Actualizado a las 20:01h.
La propuesta de traer a la Península a quinientas chicas menores de edad, de las que entraron desde Marruecos hace veinte días en el asalto a la frontera del Tarajal, supone al mismo tiempo una trampa del Gobierno y la piedra de toque de la hipocresía con la que ha tratado la invasión de inmigrantes a la ciudad autónoma. En primer lugar, la medida trata, con el habitual cariz infantil e ideológico de las decisiones de Moncloa, de colocar a la derecha española en el papel de crueles xenófobos que se oponen a la protección de cientos de niños. Pero resulta difícil conciliar la urgencia de esa medida con el empeño del Ejecutivo en rebajar la gravedad de una crisis que ha afectado a la seguridad, a la convivencia y al control efectivo de una frontera española y europea.
No existe la normalidad cuando hay que evacuar a medio millar de menores de Ceuta. La ciudad no puede ser escenario de una política migratoria marcada por la improvisación o por la conveniencia del relato político. La entrada masiva procedente de Marruecos produjo una situación excepcional cuya dimensión no desaparece porque el Gobierno decida declararla superada. La presión sobre los servicios públicos, la presencia de miles de personas en situación irregular y, de manera especialmente grave, la vulnerabilidad de numerosos menores exigen respuestas concretas y coordinación entre las administraciones. Trasladar parte del problema a la Península puede ser necesario por razones de protección, pero no equivale a resolver las causas que lo han provocado.
