30/07/2026 a las 19:40h.

Lo previsto hace unos días en estas páginas ha sucedido y Ceuta está siendo colapsada por la llegada de miles de jóvenes magrebíes, principalmente marroquíes, que aprovechan el agujero abierto por una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución inmediata de los extranjeros que accedan por esta vía a territorio español. Las fuerzas de seguridad del Estado se han convertido en observadores maniatados de un asalto al territorio español equivalente al que se produjo en 2021. Los servicios públicos asistenciales de Ceuta han colapsado, según sus autoridades.

La situación es un caos al que hay que responder con medidas proporcionales a la extraordinaria gravedad de la situación. Las instituciones y el ordenamiento jurídico están siendo incapaces de reconducirla y esto significa que no es admisible quedarse cruzado de brazos, resignarse a los efectos de la sentencia del Supremo o llegar a pactos de nula o dudosa eficacia con Marruecos.

La opción más razonable cuando los poderes ordinarios del Estado han sido desbordados tan manifiestamente como en estos días en Ceuta, es acudir a las vías extraordinarias que prevé la Constitución como es la declaración del estado de excepción en la ciudad fronteriza. No nos encontramos ante una crisis humanitaria, tampoco estrictamente migratoria. Nos hallamos ante una crisis de seguridad nacional, porque solo así se puede calificar una violación tan masiva y constante de la integridad territorial de España. La entrada ilegal de miles de ciudadanos extranjeros sin identificación, sin conocimiento de sus antecedentes ni de los riesgos que entrañan para nuestro país, es una negación absoluta de la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos y la soberanía nacional. No se puede perorar sobre la 'emergencía climática' sin admitir la crisis de seguridad que se ha planteado en Ceuta. Los discursos complacientes con Marruecos y los tecnicismos normativos de leguleyos son mucho menos importantes que la obligación de restaurar el ordenamiento jurídico y la seguridad pública en Ceuta.