Organizaciones ecologistas han criticado este viernes la decisión del Gobierno de prolongar hasta 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), al considerar que rompe el calendario de cierre pactado en 2019 y supone un retroceso en los compromisos climáticos y energéticos.PublicidadLa organización Greenpeace ha expresado su "rechazo e indignación" y ha acusado al Gobierno de ceder ante la presión de las compañías eléctricas, al considerar que la decisión responde al "interés económico" de las empresas y no "a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura" eléctrica.La directora ejecutiva de Greenpeace para España y Portugal, Eva Saldaña, ha calificado la decisión de "error histórico" a través de una declaración difundida a los medios, y ha asegurado que supone un golpe a la credibilidad del Ejecutivo y a la transición energética.A su juicio, es "especialmente preocupante" que la decisión se haya comunicado a mediados de agosto, y la ha calificado como un "desprecio a la ciudadanía" y "un insulto a la transparencia democrática". Por ello, la organización ha anunciado que explorará "todas las vías" para "revertir este paso atrás".Greenpeace ha advertido de que la medida tendrá un sobrecoste de 3.831 millones de euros para hogares y empresas hasta 2033, remitiendo un informe de la Universidad Rey Juan Carlos. También ha señalado que podría poner en riesgo hasta 26.130 millones de euros en inversiones en energías renovables y almacenamiento.PublicidadLa organización ecologista sostiene, además, que mantener la central en funcionamiento dificulta la entrada de nueva potencia eólica y solar y contradice los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).La asociación ha advertido finalmente de que la decisión puede generar un "efecto dominó" y servir de argumento para nuevas prórrogas, pues señala un escenario en 2030 en el que cuatro reactores -los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes- dejarían de operar simultáneamente.En la misma línea se ha situado el partido ecologista Alianza Verde, que ha calificado de "bochornoso" el anuncio y ha redundado las críticas de Greenpeace. Su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, ha denunciado que el Ejecutivo "ha mentido" sobre su posición en la prórroga de Almaraz, pues, a su juicio, "hace tiempo advertimos que esto iba a ocurrir, el secretario de estado de energía dijo que era imposible [la prórroga de la central nuclear] y la ministra también".PublicidadLa formación ha reclamado explicaciones al Gobierno de coalición, al recordar que el cierre nuclear conforme al calendario pactado figuraba en el acuerdo entre PSOE y Sumar. De hecho, las denuncias de ambas organizaciones ecologistas se suman a la brecha abierta en el Gobierno tras las indignaciones expresadas por la izquierda alternativa. Voces de Sumar han acusado a su socio de poner en riesgo la transición ecológica y de ceder a las presiones de las eléctricas propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy- y de alterar el calendario de cierres de las nucleares. Mientras, Unidas por Extremadura ha cuestionado, además, el coste que la prórroga podría tener para la ciudadanía.