La orden del Ministerio para la Transición Ecológica que prórroga el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha provocado un aluvión de reacciones y una fractura en el Gobierno. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, ha sido tajante en su rechazo a la medida, acusando al PSOE de incumplir el acuerdo de coalición de gobierno que ambos partidos firmaron en 2023. Otros aliados del bloque de investidura como Podemos también han criticado la decisión, al igual que las formaciones ecologistas. PP, Vox, los socialistas extremeños y las plataformas locales que defendían su permanencia más allá de 2030, en cambio, han celebrado la extensión de la vida útil de la planta.El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha sido uno de los primeros en mostrar su rechazo a la medida: “Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo”. En un comunicado, ha acusado a los socialistas de haber “cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica”, y ha añadido que la prórroga “envía un mensaje equivocado en plena transición energética” porque “frena el despliegue de las renovables”.Fuentes del grupo confederal de Sumar insisten en que el “mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica”. Y sostienen que la prórroga, un asunto que ya había generado tensiones entre los socios de la coalición, “frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía”. La formación ha reiterado que seguir alargando la vida útil de las nucleares “posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía”. El PP, en cambio, ha celebrado la decisión, pero con muchas reservas. Génova ha criticado que la prórroga es insuficiente y que solo “supone un parche a una gestión ideologizada” de Pedro Sánchez, puesto que el Gobierno no ha renunciado al calendario de cierre establecido para el resto de centrales, presentando la ampliación de Almaraz como un hecho puntual motivado por la “volatilidad de precios” causada por la inestabilidad de Oriente Próximo. La formación de Alberto Núñez Feijóo defiende que “la energía nuclear es un recurso clave” y que debe tener vocación de permanencia como fuente de generación energética. En esta línea se ha expresado públicamente el vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal, en redes sociales. Secretario de Estado de Energía entre 2011 y 2016 con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, Nadal ha calificado la autorización a Almaraz para operar hasta 2030 como una “gran noticia para Extremadura y para toda España”, pero a la vez ha criticado que la decisión se hiciera “de tapadillo el 14 de agosto y justificada por la guerra de Irán, cuando la prórroga es de tres años”. Feijóo compartió poco después la misma postura. En un mensaje en X, ha tachado la ampliación de la planta como “gran noticia”, “imprescindible para evitar nuevos apagones”, y ha prometido que el próximo Gobierno “desterrará el sectarismo ideológico y garantizará su permanencia más allá de 2030″, dando por sentada la victoria del PP en las elecciones del próximo año. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), se ha mostrado por su parte satisfecha con “una decisión que da certidumbre a una comarca, que protege miles de empleos y que mantiene en Extremadura una actividad que durante décadas ha sido fundamental para la vida de tantos pueblos y familias que dependen de ella”, ha escrito en X. “Hoy es un día para celebrar una buena noticia”, ha coincidido el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien sin embargo ha acusado al PP y a Guardiola de haber usado Almaraz para hacer ruido político y haber convertido su continuidad en “una batalla política”. “Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel”, ha agregado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, y alcalde del municipio cacereño de Belvís de Monroy. Los alcaldes de otras localidades que albergan instalaciones nucleares, como Ascó y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en Tarragona, y la propia Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (Amac), han evaluado positivamente la prórroga, al considerar que puede servir de precedente para otras infraestructuras. Las patronales también han celebrado la medida. La madrileña CEIM ha expresado “satisfacción” y ha reclamado al Gobierno que rectifique su política energética, mientras que Foment del Treball ha pedido que se asegure también la continuidad de las plantas catalanas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), ha criticado por su parte que no se esté dando el mismo trato a la central de Cofrentes, en Valencia. Más apoyos a la prórroga han llegado de Vox. La decisión ha sido celebrada tanto por el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández —“Almaraz, sí gracias. ¡Nucleares, sí gracias! El primer paso está dado. Pero solo es el primero, porque el objetivo debe ser 2050″, ha escrito en las redes sociales—, como por el secretario general de la formación en el Congreso, José María Figaredo. “Es un éxito tremendo para toda España”, ha valorado en una entrevista en Antena 3.Del lado opuesto se han posicionado los grupos ecologistas, muy críticos con la ampliación de la planta. Greenpeace considera que la prórroga no responde a criterios de seguridad ni abaratará la factura, sino que supone “una cesión vergonzosa del Gobierno” a las presiones “del oligopolio eléctrico encabezado por Iberdrola, Endesa y Naturgy”. Eva Saldaña, directora ejecutiva para España y Portugal de la ONG, ha tachado la decisión de “error histórico”, y ha defendido que echa por tierra toda la credibilidad del Gobierno y que “pondrá en riesgo 26.130 millones de euros en inversiones en tecnologías limpias”.La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también ha calificado la decisión como “muy lamentable”, a la vez que ha valorado que “supone un peligroso precedente”. La Fundación Renovables ha criticado que implica “echar por tierra” toda la política y planificación energética de la última década.Para el coordinador federal de Alianza Verde, Juan López de Uralde, la prórroga es una “vergüenza”, concedida “con agosticidad y alevosía”, que “vuela por los aires los planes energéticos que impulsan las renovables. Vergüenza del Gobierno PSOE/SUMAR”, ha escrito en redes sociales. También el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este viernes de “auténtica vergüenza” la medida. La líder de la formación morada y exministra, Ione Belarra, se ha pronunciado en el mismo sentido en X: “Hay que tener poca vergüenza pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y solo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha”.El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de “error” la prórroga y también ha criticado al PSOE por “romper la hoja de ruta aprobada”. “Hay una incoherencia respecto a la promoción de la política de energías renovables, redes y eléctricas”, ha argumentado ante los medios en Zalamea la Real (Huelva).