La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial que otorga una prórroga a la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 no es solo un trámite administrativo de carácter energético, sino el epílogo de un prolongado choque político, técnico y económico entre la Junta de Extremadura y el Gobierno. Desde hace varios años, la continuidad de los reactores I y II de la planta cacereña ha focalizado el debate en la comunidad con varios intereses sobre la mesa: la defensa del empleo local; las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica, firme en su decisión de seguir adelante con el calendario consensuado para el apagón nuclear acordado en 2019; la rentabilidad para el oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central) y, finalmente, una coyuntura geopolítica internacional que ha terminado por inclinar la balanza.
Desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta de Extremadura, la defensa de la continuidad de Almaraz se fijó como una prioridad estratégica irrenunciable, compartida por Vox. Frente al horizonte inicial de cierre escalonado (noviembre de 2027 para el primer reactor y octubre de 2028 para el segundo), el Ejecutivo regional articuló una presión constante respaldada por alcaldes de la comarca de Campo Arañuelo, que crearon la plataforma 'Sí Almaraz'. A este argumento social se sumó una contradicción técnica que la administración autonómica no dudó en señalar de forma reiterada: la paradoja de prescindir de una fuente de generación de base en una región convertida en líder fotovoltaico nacional, pero que aún carece del desarrollo necesario en infraestructuras de almacenamiento y redes de transporte para garantizar el suministro ante eventuales picos de demanda.
