El principio del fin de la energía nuclear en España se gana una prórroga de dos años y medio mientras las guerras en Oriente Próximo y Ucrania se enquistan y no dejan de alborotar los precios energéticos mundiales. El Gobierno ha autorizado la ampliación de la vida útil de la central de Almaraz (en Cáceres), tal y como había recomendado el Consejo de Seguridad Nuclear hace un mes y habían solicitado desde el otoño pasado sus propietarias: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Según se publica en el Boletín Oficial del Estado de este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concede la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II, y prorroga “la vigencia de la autorización de explotación de ambas Unidades hasta el 8 de junio de 2030, teniendo en cuenta que la central nuclear cuenta con una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) vigente hasta dicha fecha”. El apagado previsto debía comenzar en noviembre de 2027 y no se cambia el resto de apagados previstos hasta 2035. Desde el Gobierno se subraya que la extensión es “acotada y limitada”, y que se pretende defender al sistema energético y a los consumidores de la volatilidad de los precios internacionales.El Ministerio justifica la decisión por el nuevo contexto energético internacional y la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Próximo, según el texto de la orden. “La crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural. Según indican organismos internacionales, el contexto geopolítico y los daños en infraestructura de producción y exportación de combustibles extienden el riesgo y la incertidumbre a los próximos años”, indica el texto publicado en el BOE.Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz hasta 2030 tendrá un efecto “acotado y poco significativo” sobre el despliegue renovable y contribuiría a reducir la dependencia del gas. El Ministerio no quiere que la decisión se entienda como un paso atrás y y deja clara cuál es su estrategia en la misma orden de prórroga de Almaraz: “La política energética aprobada y en ejecución en España, alineada con la normativa y objetivos europeos, tiene como base la apuesta por la generación renovable como forma más competitiva de producir electricidad, aprovechando asimismo las ventajas competitivas del país en términos de recurso, tecnología y capacidades. Esta apuesta ha permitido mejorar la posición de España en cuanto a costes energéticos en el contexto europeo, proteger a los consumidores ante subidas de precio, y generar un contexto inédito de atracción de proyectos industriales y de electrificación”.Fuentes del Ministerio subrayan las “circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania”. “Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever”, se subraya como punto de partida. Y como remate, se incide en que “la volatilidad y la incertidumbre son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses”. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz provocado por la guerra de Irán ha hecho que se dispare el precio del gas en Europa.Por lo tanto, se actúa en consecuencia: “En el contexto actual, la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente. Ello permite seguir protegiendo a la población ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre en este periodo, mientras se sigue ampliando la respuesta estructural frente a la dependencia de los precios de combustibles fósiles: el despliegue de renovables”, explica el Gobierno.La orden también señala que la continuidad de Almaraz aporta estabilidad al sistema eléctrico, según el operador del sistema, aunque la prórroga no “cambia la necesidad de continuar con las actuaciones ya encurso dirigidas a fortalecer la seguridad y estabilidad del suministro”.Una extensión “acotada”El Ministerio también subraya que la extensión es “acotada y limitada”, y que se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones que siempre exigió para concederla: que fuera segura para las personas (como avala el CSN en su informe preceptivo anterior), que no comprometiera la seguridad de suministro y que no suponga ningún coste para los ciudadanos. Es decir, no hay “ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas”.“La extensión solicitada del periodo de explotación para las Unidades I y II de la Central Nuclear Almaraz se limita en torno a 31 y 19 meses respectivamente, lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035. De acuerdo con los análisis realizados, dicha extensión tiene un impacto muy limitado sobre los objetivos de política energética del país”, explica la orden del departamento dirigido por Sara Aagesen.El protocolo firmado en 2018 entre las propietarias del parque nuclear español y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, contemplaba el cierre ordenado del parque hasta 2035, empezando en ese año 2027 que ahora se traslada a 2030 para el recinto extremeño. Las dos unidades de Almaraz eran las primeras en echar el cierre y, pese a contar desde 2020 con el visto bueno del CSN para funcionar durante 10 años (los permisos del organismo de seguridad se dan por una década), el calendario fijaba el cierre de las plantas cacereñas en siete y ocho años, respectivamente. Esto es, ya tenían permiso para funcionar 10 años, por lo que era de esperar que el CSN no se pronunciase en contra.Finalmente, y tras muchos meses de debate soterrado, presión social en la comarca implicada, declaraciones públicas para testar la posición de la otra parte y negociaciones sobre el alcance de la posible medida, las eléctricas decidieron pedir la ampliación de la vida de ambas unidades de Almaraz hasta 2030, por mucho que su primera intención apuntaba a una extensión de diez años. Iberdrola, con una participación del 53% y Endesa con un 36%, eran partidarias de esta mayor ampliación, si bien, Naturgy, con un 11%, se opuso, y ganó la partida toda vez que, al estar constituidas las nucleares como comunidades de bienes, las decisiones deben adoptarse por unanimidad.Además, Endesa e Iberdrola habían venido batallando para lograr un recorte de los impuestos que gravan a estas plantas, esencialmente, el del combustible nuclear gastado, que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 para hacer frente a la deuda del sistema eléctrico. Pero, a medida que se acercaba el plazo límite para solicitar la prórroga al CSN (un año antes del cierre previsto), las compañías renunciaron a los recortes fiscales que venían reclamando y que el ministerio, y el Gobierno en su conjunto en no pocas declaraciones, siempre consideró “una línea roja”. Con todo, mantienen recurrido en los tribunales la tasa de gestión de residuos de Enresa.La decisión del Ministerio pone fin al trámite y evita que el cierre escalonado de los dos reactores se active para sus fechas previstas: el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.En cualquier caso, y según recoge la orden ministerial de este viernes, la prórroga de funcionamiento estará subordinada al cumplimiento estricto de las condiciones e instrucciones de seguridad dictadas por el CSN. El Consejo de Seguridad Nuclear emitió ya el pasado 16 de julio un informe favorable a la renovación solicitada, condicionado al cumplimiento de los límites y exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica recogidos ahora en la orden. El aval técnico del organismo regulador certificó y acreditó que la instalación nuclear cacereña reúne las condiciones de seguridad necesarias para operar de manera segura durante dicho periodo de prórroga. Tras este pronunciamiento del CSN, el expediente fue remitido al Gobierno, abriendo un plazo para que el Ejecutivo tomara una decisión definitiva sobre su continuidad.