Un tira y afloja más en el seno del Ejecutivo. Este viernes, la publicación en el Boletín Oficial del Estado —sin anuncio previo— de la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) volvía a poner a prueba la sintonía entre las dos almas del Ejecutivo: PSOE y Sumar. ¿El motivo? La vulneración del acuerdo que, en octubre de 2023, sentó las bases de Gobierno. Así lo dibujaba, ya entrada la mañana, el ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun. Unas acusaciones que, en conversación con Público, respaldan otras voces del espacio de Sumar. El ala socialista del Ejecutivo niega la mayor. La prórroga, argumentan, no afecta a lo más importante: la fecha final del apagón nuclear en España.Publicidad¿Quién tiene razón? En base al protocolo que secundaron, en 2019, las propias compañías eléctricas, las fechas originales para el cierre de los dos reactores de Almaraz eran el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028. Dos citas que se retrasan, tras la última publicación del BOE, 31 y 19 meses respectivamente, hasta coincidir el 8 de junio de 2030. Aquí llega el quid de la cuestión. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar fijaba un plazo cerrado para completar todo el proceso de desescalada nuclear. Un plazo que inauguraba, precisamente, la extinción de Almaraz. "Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035", reza el documento. Por tanto, la prórroga aprobada este viernes incumple, por tres años, la fecha de inicio del ocaso nuclear.Fuentes de Sumar acusan a los socialistas de sucumbir a las presiones del lobby energético y de mirar más por el bolsillo de Iberdrola, Endesa o Naturgy que por el de los ciudadanos. El costoso mantenimiento de unas infraestructuras "avejentadas", los riesgos de seguridad derivados de ese desgaste o la gestión —irresoluble— de todavía más residuos radioactivos. El abanico de razonas para cerrarle la puerta al negocio nuclear es, sostienen estas voces, "interminable": "Hay alternativas más baratas, más seguras y más democráticas". De ahí que el calendario de la desescalada, subrayan a Público, importe y mucho. Y es que, añaden, un verdadero compromiso con la transición energética no se demuestra retrasando, hasta el último minuto, el cambio de modelo: "Se demuestra con la decisión entre adelantar o frenar el cambio". Con la nueva fecha, advierten, el PSOE estira los tiempos hasta la segunda mitad de la próxima legislatura y abre la puerta a una cascada de sucesivas prórrogas.Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica reconocen a Público que hay discrepancias con sus socios de Gobierno en torno a la prórroga. Pero —y aquí ponen el énfasis— están de acuerdo en lo esencial: en la apuesta por las energías limpias y renovables, en el cumplimiento del calendario pactado, en la fecha de clausura definitiva del parque nuclear —el año 2035— y en el resto de políticas verdes. La prórroga para Almaraz, aseguran, se ha diseñado atendiendo exclusivamente a la situación internacional —las guerras de Ucrania y de Irán— y no altera la "visión común" en materia de transición ecológica que guía todas las actuaciones del Gobierno.A pesar de las críticas, fuentes de Sumar no aclaran a Público su intención (o no) de solicitar al PSOE una nueva reunión de la comisión de seguimiento para pedirle explicaciones por el incumplimiento del acuerdo de Gobierno. Se limitan a lanzar algunas exigencias, como mantener los impuestos al entramado nuclear, que las tasas cubran "íntegramente" la gestión de residuos, impulsar un nuevo plan de transición económica y productiva para el municipio de Almaraz y, sobre todo, que la citada prórroga sea una excepción, no un precedente.PublicidadDe pulso en pulsoNo es, desde luego, la primera vez que las dos patas del Ejecutivo se enzarzan en una disputa bajo la mirada pública. La crisis más reciente —y una de las más tensas— se vivió a finales del pasado mes de marzo. Los cinco ministros de Sumar protagonizaban una escena nunca vista en cinco décadas de democracia, negándose a participar en la reunión del Consejo de Ministros. ¿El motivo? El veto de los de Pedro Sánchez a la prórroga automática de contratos de alquiler dentro del paquete de medidas anticrisis por la guerra de Irán. Horas de negociación acababan cristalizando en un acuerdo: dos textos. Y, en uno de ellos, la ansiada prórroga, que apenas un mes después se ahogaba en la complicada aritmética parlamentaria del Congreso (y que, ya en julio, el Gobierno incluía en las negociaciones de un nuevo macrodecreto de vivienda). Otro de los últimos episodio ocurrió en medio de las vacaciones de Navidad, en diciembre de 2025. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes activaba, por primera vez, la cláusula de excepcionalidad sobre el embargo de armas a Israel. ¿El objetivo? Permitir la compra de "material de defensa y doble uso" para una serie de "proyectos aeronáuticos". Las voces de Sumar en el Gobierno no tardaban en mostrar su malestar, esgrimiendo una "vulneración de las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional". El contrato de compraventa de material militar terminaría rompiéndose, encauzando las relaciones en el corazón del Gobierno.Pero si algo ha generado fricciones entre las dos almas del Ejecutivo han sido los sucesivos casos de corrupción en el Partido Socialista. Primero, el 30 de junio del año pasado, con el ingreso en prisión de su secretario de Organización, Santos Cerdán (y la derivada Leire Díez). Un golpe tras el que Sumar solicitaba la segunda (y última) reunión de la comisión de seguimiento de la legislatura, después de la que se celebró en otoño de 2023 para impulsar la actividad legislativa del Gobierno. La reunión se resolvía con la firma del, todavía en desarrollo, Plan de Lucha contra la Corrupción, que reactivaba en diciembre del año pasado las tensiones PSOE-Sumar. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigía entonces una remodelación integral del Gobierno. Un requerimiento al que el orilla socialista hizo caso omiso.