Actualizado a las 19:20h.
El IPC de julio, que el INE ha situado en el 3,6 por ciento interanual, cuatro décimas por encima de junio, confirma que la inflación vuelve a convertirse en un problema serio para la economía española. El repunte profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y vuelve a castigar a unas familias que llevan años soportando un encarecimiento acumulado de su coste de vida. Pero el dato también permite evaluar los límites de la política desplegada por el Gobierno para contener los precios. Los combustibles se encarecieron un 5,9 por ciento solo en julio. La crisis de Oriente Próximo y la escalada del petróleo explican una parte sustancial, pero no toda. El 1 de julio decayó la rebaja del IVA de los carburantes al 10 por ciento y el impuesto regresó al 21 por ciento. Una semana después, la ruptura de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán añadió presión al crudo. La segunda circunstancia era imprevisible; la primera estaba escrita en el calendario. Parte de la subida no fue, por tanto, una sorpresa: era una factura aplazada por el Ejecutivo.
Este episodio reproduce un vicio conocido de los «escudos anticrisis» del Gobierno de 2021 a 2023. Ante cada emergencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez despliega rebajas tributarias y bonificaciones que le permiten exhibir capacidad de reacción inmediata. El alivio existe y sería absurdo negarlo. El problema comienza cuando se presenta como solución lo que solo es un simple paréntesis. La rebaja aparece políticamente como una ayuda del Estado; su retirada, meses después, devuelve silenciosamente al ciudadano el coste diferido. El Ejecutivo capitaliza así el escudo cuando lo abre, pero la factura acaba llegando al contribuyente cuando lo cierra.
