El asesinato de la agente de la guardia civil Laura Cruz el pasado día 5 en Llanes (Asturias) a manos de su expareja, Dámaso Fernández, quien acababa de ser expulsado del instituto armado por la violencia ejercida contra ella, condensa todo el horror de los crímenes machistas, pero también deja al descubierto fallos de un sistema que debería reducir al mínimo la posibilidad de que se repita un solo feminicidio más.Laura Cruz tenía 50 años y desafiaba todos los estereotipos sobre la víctima de violencia machista. Agente de la Guardia Civil, armada, entrenada, había trabajado en casos de violencia de género. Y llevaba 12 años sufriendo el maltrato de su expareja en un entorno policial. En 2019 recibió una brutal paliza en el mismo lugar vigilado en el que su exmarido al final la asesinó, la casa cuartel de Llanes. Hasta hace poco más de un año, Fernández no fue condenado por malos tratos y coacciones, pero nunca dejó de acosarla psicológica y económicamente. Ambos figuraban en el sistema VioGén de seguimiento de las víctimas y sus agresores. Sobre Fernández pesaba una orden de alejamiento y le había sido retirada su arma reglamentaria. Cruz nunca había ocultado, ni a su entorno ni en sus denuncias, el pánico que le tenía. Pero hasta en tres ocasiones instancias judiciales rechazaron su petición de que el hombre fuese condenado por acoso y violencia de género habitual. En diciembre, un tribunal de instancia denegó su petición de seguir disponiendo de su pulsera antimaltrato al no apreciar “una situación objetiva de riesgo”. El Estado que debía proteger a Laura Cruz fracasó. El hombre que había decidido asesinarla, lo hizo.El año pasado, se presentaron 204.342 denuncias por violencia de género. Suponen 23 cada hora. Pese a que la legislación española es un referente internacional en esta cuestión, pese a todos los compromisos institucionales y los innegables avances, ocho de cada diez maltratadas por una pareja no lo han denunciado. Tras esa decisión puede haber múltiples razones personales: Pero lo que no puede pasar en una democracia avanzada es que no confíen en el sistema. El espanto vivido por Laura Cruz es un doloroso paso atrás en ese sentido. Cruz intentó escapar de su infierno haciendo todo lo que estaba en su mano y resultó inútil. Decenas de miles de españolas que viven cada día con miedo tienen lamentablemente ante sí la imagen de un fracaso mortal cuyo efecto en su confianza para pedir ayuda a los poderes públicos puede ser devastador. Un miedo que debe ser escuchado siempre y tenido en cuenta.Este año 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según el último recuento oficial, la cifra más alta para este periodo desde 2019. En la tercera parte de los casos existían una o más denuncias. Siete de las fallecidas tenían vigentes medidas de alejamiento. A pesar del sólido consenso político y social contra la violencia machista, sigue habiendo agujeros negros que urge atajar cuanto antes, analizando en cada caso sin automatismos el riesgo que puede suponer un agresor.Una sola mujer asesinada nos ofende como sociedad. Desde que comenzó la estadística oficial en 2003 suman 1.377, más de una cada semana. Es una emergencia nacional insufrible en un Estado de derecho. Hacerle frente nos concierne a todos. Pero son las instituciones las que deben esforzarse día a día por cerrar las grietas por las que aún encuentran hueco los hombres que quieren asesinar a las mujeres y no van a parar hasta conseguirlo.