El asesinato machista de la guardia civil Laura Cruz en el cuartel de Llanes ha reabierto el debate sobre los mecanismos de protección dentro del Instituto Armado. Aunque el presunto agresor, Dámaso Fernández, también guardia civil, tenía retirada su arma reglamentaria y había sido expulsado recientemente del Cuerpo tras una condena firme por violencia de género, logró acceder al acuartelamiento, sustraer el arma de un compañero en Zamora y matar a tiros a su expareja.Para Alicia Sánchez, secretaria de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el caso obliga a revisar tanto el protocolo interno de violencia de género, vigente desde el 2021, como las medidas de seguridad existentes. “Hay que dar una vuelta al protocolo y ver qué está fallando y, sobre todo, que no tengamos acceso a las armas. Podrán intentar matar igualmente, pero se les pone mucho más difícil”, asegura en declaraciones a La Vanguardia.Los cuarteles no disponen de armerosUno de los principales puntos que llevan años reclamando las asociaciones es la custodia de las armas dentro de los cuarteles. Según denuncia Sánchez, “el armero es la taquilla donde ponemos la ropa y tenemos un candado, unos con llave y otros con contraseña”. Otros se la llevan a casa, dice, y la guardan en un armero. La agente asegura que el arma queda bajo la responsabilidad del guardia civil, pero “lo lógico sería que facilitaran un armero para guardar el arma oficial”. “El cirujano no se lleva la camilla ni el bisturí a casa”, ejemplifica. Qué ocurre cuando un guardia civil es denunciadoSánchez explica que, cuando la Guardia Civil tiene conocimiento de una denuncia por violencia de género contra uno de sus agentes, la retirada del arma oficial es inmediata como medida cautelar. Paralelamente, “le tienen que adaptar el puesto de trabajo para que pueda trabajar en un sitio que no tenga que llevar arma”. Si estuviera trabajando en los Equipos Mujer-Menor (EMUME) se le apartaría del puesto por razones evidentes. También se auditan las consultas que pueda realizar en las bases de datos policiales para impedir que acceda a información personal. Así como, la Guardia Civil habla de “rehabilitación” con cursos y jornadas formativas para los presuntos agresores, pero la profesional asegura desconocer si se llevan a cabo.La concentración de Llanes se cerró con un 'Basta ya' tras congregar a varios centenares de personas.Paco Paredes / EFEA pesar de estas medidas internas, el protocolo no prevé un traslado forzado del denunciado. “A nadie se le desplaza sin su consentimiento. La única que tiene el desplazamiento si ella quiere ejercer ese derecho es la víctima”. Y, normalmente, es la víctima quien pone tierra de por medio. En el caso del agresor de Llanes, se marchó a una vacante de cinológica en Zamora, ámbito en el que se había especializado, después de que el juez le interpusiera una orden de alejamiento en 2019 tras la denuncia por malos tratos de su expareja. Laura intentó seguir haciendo su vida, lejos de su agresor, y se acogió a su derecho a una reducción de jornada. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a reorganizar su horario de trabajo y a pedir una excedencia, entre otros aspectos. Cuándo llega la expulsión definitiva del agenteLa apertura del expediente disciplinario tampoco es inmediata. La secretaria de Mujer e Igualdad explica que la Guardia Civil inicia ese procedimiento cuando existe una sentencia firme. “El regimen disciplinario contempla tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Cuando hay una condena firme siempre es grave o muy grave. En función de la gravedad de la condena, puede acordarse la pérdida del destino o incluso la expulsión del cuerpo”, como es el caso del agresor de Llanes. Lee también“Aproximadamente, el 40% de las faltas graves que se imponen a guardias civiles son por condena firme”, explica Sánchez, pero desconocen cuántas de estas son por violencia de género. Aunque la asociación sí dispone de datos sobre procedimientos relacionados con acoso sexual o por razón de sexo, identidad u orientación sexual, reclama que también se facilite información específica sobre la violencia machista dentro del cuerpo.La delegada del Gobierno, Adriana Lastra (c), en la concentración de repulsa por el crimen machista.Paco Paredes / EFE“Deberíamos conocer cuántas víctimas hay, cuántos agresores, qué medidas de protección se han adoptado para ellas, qué sanciones se han aplicado a ellos o si se han puesto en marcha programas de formación o rehabilitación. No tenemos absolutamente nada de nada”, denuncia.La profesional aprovecha para denunciar otros tipos de violencia que se pueden dar en una casa cuartel. En su experiencia, dentro de la Guardia Civil sigue existiendo un “corporativismo” y “machismo” que dificulta la gestión de este tipo de casos. “No recomiendo a ninguna mujer que denuncie internamente. Les recomiendo que hablen con un abogado y vayan al juzgado”, lamenta.Treinta y seis vidas arrebatadas por el machismoLa Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes que la mujer asesinada en Benahavís (Málaga) el 21 de julio fue un crimen machista, lo que eleva a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.En un principio, se había descartado la naturaleza machista del crimen, pero a medida que la Guardia Civil ha ido avanzando las investigaciones, se ha constatado que ambos fueron pareja, y ahora compartían piso. El asesino, que está en prisión desde el 3 de agosto, confesó el crimen en un diario que escribió durante los días que permaneció huido.La secretaria de Mujer e Igualdad de la AUGC también cuestiona la capacidad de los tests psicotécnicos para determinar la capacidad de un agente para portar armas. Los guardias civiles realizan anualmente reconocimientos médicos y pruebas psicotécnicas, pero considera que esos mecanismos tienen limitaciones. “Si quieres mentir en un test, mientes. Una entrevista personal probablemente permitiría detectar las mentiras”, sostiene. Sánchez.Periodista especializada en temática social: feminismos, migraciones, salud mental. Antes, en el equipo de Redes Sociales. Doble licenciada en Periodismo y Publicidad y RR.PP. por la UAB