Si la jueza Rosario Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid, accede a todas las peticiones recogidas en las denuncias sobre la compra en secreto por parte del Ejecutivo madrileño de un ático de lujo, se podría llegar a conocer la verdad de la polémica operación. Los denunciantes solicitan un amplio abanico de diligencias: desde los "correos electrónicos, instrucciones y comunicaciones internas" relacionadas con el ático en poder de Planifica Madrid, la empresa pública que compró el inmueble, hasta una tasación independiente sobre el precio del ático a fecha de 14 de abril de 2026, cuando se adquirió. PublicidadEn el juzgado aguardan las denuncias del PSOE, del partido Iustitia Europa y de los ciudadanos Fernando Jabonero, Dionisio Cabeza e Iván de Ángel de Diego, a la espera de que la magistrada ordene las primeras diligencias de investigación, que podría ser ya en septiembre y entre las que bien podría estar solicitar al Gobierno regional el expediente completo de compra del ático. Sobre este particular, sin embargo, hay dudas de que exista un expediente al uso, ya que la operación se gestó a través de una sociedad mercantil con capital público, como es Planifica Madrid, y esa es la vía que mayor opacidad ofrece al quedar sujeta la operación al derecho privado. No obstante, los denunciantes solicitan a la jueza que exija el expediente de compra tanto a la sociedad adquiriente, Planifica Madrid, como al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además de las certificaciones del Registro de la Propiedad y la notaría, con el precio pagado, historial de la finca y quién representó en la operación a la empresa pública madrileña.Quién pidió una sede temporalIustitia Europa pide todas las comunicaciones relacionadas con el ático que consten en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, donde está adscrita Planifica Madrid, y en la propia Presidencia de la Comunidad de Madrid. La primera está dirigida por Miguel Ángel García Martín, quien además es presidente de la sociedad mercantil dueña del ático, cuyo consejo de administración está formado por nueve personas. Prácticamente la totalidad son altos cargos del Gobierno de Ayuso.PublicidadEn concreto, Iustitia Europa pide el documento por el que se solicitó una sede temporal ante las obras en la Casa de Correos, sede del Gobierno regional; así como el expediente de obras en esta sede; la documentación sobre la necesidad de traslado, los informes sobre espacios alternativos y el análisis de las opciones de arrendamiento frente a la alternativa de la compra; y las comunicaciones en estos órganos relativas a la decisión de poner a la venta el ático tres meses después de haberlo adquirido.Esta organización, habitual como acusación popular en las causas relacionadas con el PSOE, pide al juzgado que ordene a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que aporte los "informes, autorizaciones, antecedentes y comunicaciones relacionados con la operación, incluyendo el análisis de disponibilidad de inmuebles alternativos y la incorporación del bien al inventario".Por su parte, los socialistas van más allá y piden que se investigue quién ordenó la compra, cómo se fraguó y por qué se hizo en secreto, exigiendo la firma de un acuerdo de confidencialidad tanto a la inmobiliaria, Promora, como a la parte vendedora, la escritora Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. PublicidadDeclaración de Gil-CasaresEn este sentido, el PSOE solicita que se tome declaración a la vendedora, Astrid Gil-Casares, y a los responsables de la inmobiliaria Promora, que gestiona viviendas de lujo en el barrio de Chamberí y La Moraleja, para saber cómo se produjo la operación, y que aporten el acuerdo de confidencialidad; y quiere también que se pregunte a la Dirección General de Patrimonio si intervino de alguna manera en la búsqueda y selección del inmueble, sito en el Paseo General Martínez Campos.Para los socialistas, el acuerdo de confidencialidad en ese caso podría ser un indicio del "intento de ocultación de la operación de adquisición". Igual que la "omisión en el portal de transparencia de Planifica Madrid" de la compra, dice el PSOE, que interesa la declaración de los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid "como denunciados" y de todo aquel que intervino en la decisión de la compra. Las denuncias solicitan la remisión del acta del Consejo de Administración que autorizó la operación de compra y venta, "con expresión de la convocatoria, el orden del día, los asistentes, la documentación puesta a su disposición y el sentido de los votos emitidos".Venta de los pisos del novioEl PSOE pide que se tengan en cuenta las informaciones sobre la venta del piso donde vive Ayuso y su novio, Alberto González Amador, en el madrileño barrio de Vallehermoso, por 1.790.000 euros; así como el ático del que también es propietario el empresario en la planta superior, poco después de la compra del ático de Gil-Casares.Dice el PSOE que "al menos, el piso estaba a la venta desde el 19 de julio, por tanto, antes de conocerse la adquisición del otro ático por parte de Planifica Madrid. Esto quiere decir que el piso privado se puso a la venta después de que la Comunidad de Madrid comprara también el ático del Paseo General Martínez Campos".Las sospechas de irregularidades también se concretan en el anuncio de venta por 6,7 millones del ático en cuestión, realizado días después de trascender la noticia de que el Gobierno de Ayuso compró en abril pasado el inmueble. Las denuncias plantean la duda de si en realidad se quería dotar de una residencia oficial a Isabel Díaz Ayuso.Qué controles existieronLos denunciantes intentan reconstruir documentalmente la cadena de acontecimientos y decisiones que culminaron en la compra del ático. Para ello, les resulta fundamental que Planifica Madrid explique de dónde partió la iniciativa y si tenía cobertura jurídica suficiente para realizar una adquisición de más de seis millones de euros sin que se pusiera en conocimiento de la Asamblea de Madrid.PublicidadLa opacidad de la operación abre las puertas, según las denuncias, a preguntarse si se obtuvo un "beneficio indebido para particulares", según consta en la denuncia de Iustitia Europa, que plantea si los impuestos, la comisión y demás gastos de la operación generaron un perjuicio patrimonial para las arcas públicas más allá del precio de 6,3 millones del ático.La denuncia de esta organización pide a la jueza que si durante la instrucción aparecen indicios racionales de responsabilidad penal en relación a Isabel Díaz Ayuso y a su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, se eleve exposición razonada al órgano jurisdiccional competente; en el caso de la presidenta, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y en el caso del consejero, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.