Opinión
Editorial
EDITORIALA pesar del riesgo constante, la normativa de construcción sismorresistente es laxa respecto de la obligatoriedad de aplicarse en todo el país.
Los guatemaltecos pudieron sentir el pavor y la impotencia en los impactantes videos que prácticamente transmitieron en tiempo real el terremoto que afectó varios departamentos de Colombia, la mañana del lunes. Siguen aún el descombro y el recuento de fallecidos y heridos, y la evaluación de daños en edificios, casas, templos. Ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales son las más afectadas, pero el dolor no respeta demarcaciones ni fronteras. Colombianos en el extranjero viven con angustia el pesar de sus familiares y coterráneos, pero junto con ellos, muchos países han expresado su solidaridad y ofrecimientos de apoyo. Deseamos fortaleza al pueblo de Colombia en este difícil momento.
Los daños son grandes, pero dicho país cuenta con un Reglamento vigente de Construcción Sismorresistente, NSR-10: un marco que exige ciertos criterios para el diseño y construcción de edificaciones. Este tipo de norma surgió a raíz del terremoto de Popayán, de 1983; fue renovada en 1997 y en 2010. Es muy probable que tal exigencia legal haya evitado una mayor cantidad de víctimas. Por supuesto, cada vida cuenta y solo a través de la prevención es posible salvar la integridad de personas ante fenómenos telúricos. En dicho país se habla actualmente de actualizar dicha ley, acorde a los más recientes criterios técnicos.
