La entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta y las asperezas que el incidente ha generado en algunos países de Europa parece haber provocado que el Gobierno endurezca su discurso contra la inmigración ilegal. Fue este martes cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se dirigía de manera severa no ya a las organizaciones criminales que se lucran del fenómeno migratorio, sino a las propias personas que buscan llegar a territorio español: "Quiero mandar un mensaje a quienes prestan atención a esa información falsa de lo que pueden obtener entrando irregularmente en España: no arriesguen sus vidas, su dinero y su futuro en una aventura abocada al fracaso. Quienes entren irregularmente en Ceuta y Melilla, que sepan que van a ser devueltos".El contexto de este contundente mensaje no es baladí: a la "violación de la integridad territorial" que supuso el asalto del pasado 30 de julio se une la amenaza que se cierne sobre la frontera ceutí con la convocatoria de otra posible entrada masiva el próximo 15 de agosto y el conflicto que se ha desatado en el seno de la Unión Europea con España e Italia como grandes protagonistas. Así, por ejemplo, en el asunto siempre delicado de los menores no acompañados, el Gobierno está admitiendo por primera vez de manera abierta que su "línea de trabajo prioritaria" es que los niños y adolescentes —"hasta la última persona que haya entrado ilegalmente en Ceuta", en palabras del ministro Albares— regresen con sus familias a Marruecos.Dada la coyuntura, el compromiso adquirido por el Gobierno fue celebrado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien declaró que todo lo que no sea devolver a Marruecos tanto a adultos como menores "puede conducir a que lo ocurrido pueda repetirse en cualquier momento". "La mejor manera de cortar es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se consigue lo que se pretende. Esto lo comparte el ministro", aseguró, antes de cifrar en unos 10.000 los inmigrantes que quedan en la ciudad. A las medidas de respuesta se suman las de prevención, todavía desconocidas pero prometidas por un Albares que asegura que "Europa se está implicando" en reforzar la frontera. Vivas, al que el ministro tampoco ha dado más detalles, entiende que los esfuerzos del Gobierno irán destinados "tanto a los medios como a las infraestructuras". Por el momento, además de los efectivos desplegados de manera extraordinaria en la ciudad autónoma, el Ejecutivo solo ha acometido la construcción de una barrera marítima de 500 metros en el espigón del Tarajal. La dura respuesta de Italia y DinamarcaEspaña es el Estado miembro más ambivalente de una Unión Europea que adopta una posición cada vez más férrea contra la inmigración ilegal, y todo parece indicar que el episodio de Ceuta ha contribuido a endurecer las diferentes posturas en el seno de los 27 y que el fenómeno migratorio será uno de los principales asuntos del inicio del nuevo curso político.Este lunes, las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, lanzaban un durísimo comunicado en el que rechazaban una "inmigración descontrolada" e "ilegal" que relacionaban directamente con "el aumento de los índices de delincuencia, la creciente presión sobre los servicios públicos y la erosión de la confianza pública". "Resulta especialmente grave cuando los inmigrantes ilegales, privados del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual", añadían. En la carta pedían a la UE que se establezcan "centros de repatriación en terceros países", un proyecto que Italia ya ha realizado en Albania, si bien el el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aún debe resolver si son legales tras los dos últimos recursos planteados por magistrados italianos. Entretanto, el Parlamento Europeo aprobó en junio el texto del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en países extracomunitarios, así como agilizar las deportaciones, y el propio comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, señaló la semana pasada que "varios Estados miembros" ya han planteado la opción de impulsar estos centros en países africanos.España, en cualquier caso, ya ha manifestado su rechazo total a la construcción de estas infraestructuras, que dudan que cumplan con la normativa internacional en derechos humanos. Además, este martes, aunque en una actitud más consonante con la europea, el ministro Albares no dudó en cargar contra "la confrontación y desinformación de algunos, muy especialmente de la internacional reaccionaria, incluidas sus terminales en Europa y España, que se han coordinado para explotar la situación en provecho propio, partidista e ideológico". Estas palabras eran una referencia velada a Italia, que se ha negado a levantar sus controles fronterizos a viajeros procedentes de nuestro país impuestos tras la crisis de Ceuta, motivo por el que España ha respondido con la misma medida. Italia ha sido desde el pasado 30 de julio, día de la entrada masiva, el país que ha liderado las hostilidades europeas contra la política migratoria española. Junto a Dinamarca, un país gobernado por socialdemócratas pero implacable con sus medidas contra la inmigración ilegal, impulsaron una carta que firmaron otros 20 países pertenecientes a la UE en la que cuestionaban la labor que España estaba realizando para contener los flujos migratorios irregulares. La gravedad de la situación obligó a convocar una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de los 27 en la que, al parecer, Fernando Grande-Marlaska consiguió calmar los ánimos de sus socios pero de la que también salió el compromiso de "mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones". Por el momento, España ha logrado arrancar a Europa el compromiso de aumentar los apoyos para reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla y el Gobierno ha adoptado una actitud más severa contra los migrantes irregulares, para cuya devolución a Marruecos continúa destacando la "colaboración fundamental" del Gobierno del país.
El Gobierno sube el tono con la inmigración ilegal tras la crisis en Ceuta y el conflicto con Europa: "Que sepan que van a ser devueltos"
El ministro José Manuel Albares ha endurecido su discurso en las últimas horas, mientras varios países como Italia y Dinamarca reclaman más medidas para contener los flujos migratorios irregulares.












