No, no es sólo por lo de Ceuta. Esto viene de atrás. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya coincidieron a primeros de año en oponerse al proceso de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en España. Las protestas hasta ahora han sido sonadas, como la Carta de los Veintidós contra el presidente español Pedro Sánchez, veintidós Estados miembros de la Unión Europea. Y, ahora, de nuevo, otra carta firmada por las dos únicas jefas de Gobierno de los 27 países de la Unión nos afea nuestra política migratoria. Y el problema no son los inmigrantes que van entrando de forma irregular por tierra, mar y aire, sino que el espacio Schengen les permite viajar de forma legal por todo el continente, al menos durante 180 días como turistas.
A ello se añade el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, largamente discutido y modificado desde 2008, y que se aprobó en 2024 entrando en vigor poco antes de nuestra regularización masiva. Lo que debería haber sido un frente común de los países del sur, frente a los insolidarios del norte, ha terminado por enfrentarnos a todos. La frontera del sur seguirá siendo un “hotspot”, como obligaba el Convenio de Dublin II, campos de refugiados en los países del sur para tramitar la estancia o salida de todos los refugiados e inmigrantes que entraran de forma ilegal. ¿Recordamos la “Ley de Joyas” danesa de 2016? Se aplicó a los refugiados sirios, a los que se les confiscaban sus joyas al llegar para sufragar su estancia en el país. ¿O el Plan de la Isla de Lindholm de 2018? Confinaba a una isla danesa deshabitada a 100 inmigrantes con antecedentes penales u órdenes de expulsión que no podían ser deportados.
