Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido otorgar al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, la macroconsejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia de la Junta. Una decisión con profundas implicaciones en las políticas de defensa de las víctimas de la violencia de género porque cede a un partido negacionista las competencias sobre aspectos fundamentales de la prevención de la violencia que niega, y de la protección de las mujeres que la sufren cada día.PublicidadY lo hizo, precisamente, el pasado mes de julio, cuando esta comunidad autónoma registró un tremendo repunte en el número de feminicidios.Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población, y por ende también la que presenta mayores cifras de violencia de género. Sin embargo, no se trata solo de una correlación estadística. Aunque esta región aglutina al 17,9% de la población española, el pasado mes de julio acumuló cuatro víctimas mortales, el 27,3% de los asesinatos por violencia de género registrados en todo el país (casi una de cada tres víctimas). Andalucía representa, además, el 26,67% del total de las mujeres incluidas en el sistema policial VioGén.No son datos aislados. Tal como reconocen algunos expertos, en Andalucía la proporción de homicidios machistas supera con creces a la proporción poblacional y esta cifra ha ido en aumento en los últimos años con el gobierno del PP y Vox. Miguel Lorente, experto en violencia de género y forense, explica que antes de 2019 (año en que Juan Manuel Moreno asumió la presidencia) los feminicidios se acercaban al 18% del total nacional, en consonancia con la población que representa Andalucía. "Pero desde la llegada del PP los homicidios aumentaron en un 4,2%". Un cambio de tendencia que mantiene a esta región por encima del 22% de los feminicidios en nuestro país, explica Lorente a Público.Tras el acuerdo de gobierno con el PP, Manuel Gavira tiene en sus manos el futuro de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de Andalucía. Estas unidades, adscritas al Instituto de Medicina Legal y dependientes de la Consejería de Justicia, están compuestas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Han sido constituidas para poder valorar el riesgo de una víctima de violencia de género con muchísima más precisión que el cuestionado VioGén, de manera que aportan información crítica para decidir sobre órdenes de protección, ayudas institucionales o custodia de menores.Pero las consecuencias de esta cesión de competencias a Vox van mucho más allá de las valoraciones del riesgo forense. Pese al discurso oficial de Moreno Bonilla sobre su compromiso en materia de violencias machistas y su apoyo formal al Pacto de Estado, la realidad es que entregar a Vox los departamentos de Justicia y Desregulación tendrá consecuencias que van mucho más allá. La medida supone una carga de profundidad que afectará a la asignación de recursos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a las medidas de prevención y a la financiación de todas las políticas contras la violencias machistas en general.PublicidadDesde que Vox irrumpiera como fuerza política en Andalucía en 2018 con 12 escaños, una de las principales preocupaciones de la formación ultraderechista ha sido la de desmontar los mecanismos de protección hacia las víctimas de violencia de género y el propio concepto de la violencia machista. El entonces líder de Vox en la comunidad, Francisco Serrano, tuvo como objetivo acabar con lo que esta formación denominaba "chiringuitos". Entre ellos incluía a las unidades de valoración del riesgo, a las que acusaba de "ideológicas" y de las que llegó a pedir un listado de nombres, cargos y números de colegiación. Ahora este partido negacionista es el responsable de dichos recursos.El modelo DOGE: de EEUU a las comunidadesSi hay algo en común en todos los pactos de gobierno autonómico firmados entre Vox y el Partido Popular, es la aparición de una nueva consejería inédita en nuestro país: la de Desregularización. Éstas estarán capitaneadas por Vox en las cuatro regiones donde las dos fuerzas de extrema derecha han pactado gobierno (Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón).No es casual. Se trata de una estrategia que tiene muchas similitudes con el Departament of Government Efficiency puesto en marcha en Estados Unidos por Donald Trump y que estuvo durante meses capitaneado por Elon Musk. Sobre el papel, su cometido era, como en el caso de las consejerías de Vox, el de crear un órgano con rango ministerial dedicado a adelgazar el Estado, eliminar normativas y simplificar la burocracia. En la práctica supuso el desmantelamiento de todo el sistema de servicios sociales y de la ayuda al desarrollo del país. Millones de personas dejaron de percibir ayudas y subvenciones críticas para sus vidas.PublicidadEn el caso de Andalucía, mezclar en una misma concejalía Justicia y Desregulación tiene serias consecuencias. Por un lado, puede acabar con la financiación de organismos, observatorios o subvenciones a asociaciones que luchan contra la violencia de género. Entidades que Vox califica como "chiringuitos ideológicos". Cabe recordar que ya el primer gobierno de Moreno Bonilla suspendió bajo la presión de Vox la financiación a más de 240 organizaciones feministas que daban apoyo a estas víctimas.Por otro lado, esta supuesta "eficiencia" presupuestaria, puede suponer un parón en la financiación necesaria para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las unidades de valoración forense Integral, y las oficinas de ayuda a estas víctimas. También tendrá consecuencias sobre reglamentos municipales, condicionando la concesión de ayudas públicas para que atiendan exclusivamente al criterio de "prioridad nacional" o eliminando cláusulas sociales y de igualdad en la contratación pública.Vox no tiene competencias para intervenir en el cierre de los juzgados de violencia contra la mujer o de las unidades de valoración del riesgo, porque están protegidos por una ley nacional, pero sí tendrá capacidad para decidir sobre su financiación, su composición y escoger el perfil de las personas que lo formarán. Si bien jueces y forenses son funcionarios públicos, el resto de los componentes (psicólogos, trabajadores sociales…) son empleados designados por los gobiernos regionales."Si ponen en los puestos a trabajadores con ese sesgo negacionista, nos encontraremos con informes forenses que niegan la violencia de género o que incluso afirmen que el Síndrome de Alienación Parental existe. Esto ya está comenzando a pasar, así que con Vox irá a peor", comenta Miguel Lorente.Tal como recuerda la magistrada y ex Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, los poderes cedidos a Vox en Andalucía influirán, además, en aspectos tan fundamentales como la formación en violencia sobre la mujer que reciben los profesionales del ámbito de la justicia. "La formación de las funcionarias, que son la primera puerta de acceso a la justicia para las víctimas y supervivientes, depende de esa consejería concedida a un partido negacionista de la violencia". También la selección y refuerzo de los equipos de las unidades de valoración integral: psicólogas, trabajadoras sociales… En 2019 Francisco Serrano, diputado de Vox y ex juez condenado por prevaricación, preguntaba y quería hacer públicos los nombres precisamente de esas profesionales, acusándolas de emitir informes "ideológicos". "Depender de quien te acosó y niega la violencia en la que tú estás especializada es un desastre para las profesionales y para las víctimas", argumentó Rosell.