La decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), de ceder a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género, el mismo que la formación ultraconservadora exigió en su momento “depurar” por su “sesgo ideológico” sigue levantando una enorme polvareda. Tras hacerlo público este periódico, las reacciones en contra se han ido sucediendo hasta llegar ahora al choque institucional: el Gobierno central reclama una “reunión urgente” a Moreno, a la vez que le insta a “rectificar” el paso dado y le recuerda que esto “puede comprometer” los fondos que recibe Andalucía. A todo esto, desde la Junta se ha reaccionado defendido su “firme y claro compromiso” contra la violencia de género y exigiendo “lealtad institucional”.
La postura del Ejecutivo centra la ha dado a conocer la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), en una carta remitida este jueves al presidente andaluz en la que le expresa su “profunda preocupación” al considerar que la decisión “pone en cuestión el compromiso de Andalucía” con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso le pide que “reconsidere” una decisión que “transmite falta de compromiso a las víctimas”.
Además, y a juicio de la ministra, trasladar estas competencias a quienes niegan la violencia de género “puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos” vinculados al Pacto de Estado. Esa cuantía económica, recuerda, tiene como finalidad “garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas”.
