Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.
No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la llucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas estaba en los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad.
La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestionamiento todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales -psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales- que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor, la situación de los menores, bajo una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.
