Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.
En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.
El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.
