Los meses de marzo y abril fueron de gran intranquilidad para el Gobierno español que temió que el Informe PISA, las pruebas en educación más importantes del mundo, se viera alterado por una incidencia ocurrida en Catalunya, una tasa de exención de alumnos superior a casi cinco veces la permitida.El Ministerio de Educación y FP detectó la anomalía estadística en marzo y no fue hasta el 20 de abril que la OCDE, coordinadora de las pruebas, comunicó su decisión final: el informe nacional no quedaba alterado por la tasa de exención excepcionalmente alta registrada en Catalunya, pero esta autonomía aparecería en el informe con una advertencia metodológica señalando que sus resultados no serían comparables con otros países ni con ediciones anteriores. Asimismo, se la eliminaba del informe internacional.La muestra catalana constituye solo una parte de la española, “por lo que su impacto se reduce”La OCDE explica los pormenores de lo que sucedió.Este diario se ha puesto también en contacto con el ministerio que se mantiene hermético ante este tema, trasladando las posibles explicaciones al 8 de septiembre cuando se publique el informe en todos los países del mundo. Tampoco el Departament d’Educació i FP ha dado más detalles de los que ofreció en la rueda de prensa informativa y en el Parlament, a través de la consellera, a finales de julio, arguyendo que el tema está bajo diligencias de carácter reservado.“La OCDE, a través del Consorcio Internacional PISA, responsable de la administración del informe, calcula las tasas de exclusión y las comunica a los países participantes”, explica la organización. Estas tasas provienen de la información que transfieren las escuelas durante las evaluaciones, que se realizaron entre marzo y mayo de 2025, registrando a los estudiantes como presentes, ausentes o excluidos. Una empresa externa recoge los datos y los envía al Consorcio. Este calcula también las tasas de participación de los centros educativos y el peso final de la muestra.“Por tanto, los países participantes no saben la tasa de exclusión exacta hasta que reciben los datos depurados (en enero 2026) y su ponderación (en marzo del mismo año)”, subraya la organización, “aunque tienen una idea general de la tasa nacional y la de sus comunidades”, continúa.Qué sabemosQué es PISA?PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) es el estudio internacional sobre educación más importante en el mundo. Evalúa a alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias de 91 países del mundo y numerosas regiones. En esta edición se realizó entre marzo y mayo de 2025. Está coordinada por la OCDE.¿Cuál fue el problema?La OCDE limita al 5% la proporción de alumnos exentos de hacer la prueba por discapacidad o por no conocer la lengua al haber llegado menos de un año antes. Los alumnos catalanes exentos, mayormente por discapacidad, fueron el 23,2% de la muestra lo que invalida su representatividad. También había un 7% de alumnos ausentes el día de la prueba.¿Se detectó?La empresa contratada para supervisar el funcionamiento de la prueba y recoger los datos advirtió de una posible desviación de la exclusión al Instituto Nacional de Estadísticas Educativas (INEE), dependiente del ministerio, que lo trasladó al Consell Superior d’Avaluació, coordinadora de la prueba en Catalunya. Pero los técnicos, según fuentes del ministerio, no lo elevaron a sus superiores.¿Cuándo se enteran los responsables de las administraciones?Entre enero y marzo de 2026 cuando los organizadores internacionales envían al ministerio el fichero de datos depurados. Entonces, se observa una tasa de exclusión alta y la incidencia de Catalunya.¿Qué decidió PISA?Tras consultar con sus órganos técnicos, el 20 de abril PISA comunica que Catalunya sí aparecerá en el informe nacional español, aunque con la acotación técnica de que sus datos no serán comparables ni con ediciones anteriores ni con otras autonomías o países. Sus datos representan a las escuelas que lo hicieron, pero no representan al sistema catalán.¿Cuál es la tasa de exclusión adjudicada a España?No se conoce porque es una información que se encuentra bajo estricto embargo. Se sabrá el 8 de septiembre cuando se publique el informe internacional.¿Qué pasos ha dado la administración?La Generalitat, tras conocer la incidencia en el mes de marzo, abrió unas diligencias informativas que aún están en curso. Son de carácter reservado.¿De quién era responsabilidad velar por la tasa de exclusión?Del Consell Superior d’Avaluació. En el momento de la realización de la prueba en la primavera de 2025 este consejo no tenía presidente. El último había sido cesado en 2024 por señalar que la muestra de PISA estaba desviada con un exceso de inmigración. No se sustituyó porque Educació preveía el final del Consell con la implantación de la Agència de Prospecció i Avaluació, una entidad con más recursos y más profesionalizada que se puso en marcha en julio de 2025. El Consell dependía de la dirección general de Currículum y de la Secretaría de Mejoras Educativas.¿Por qué tardan tanto las diligencias?La dificultad de reconstruir los hechos y las responsabilidades atribuidas a cada momento, según fuentes de Educació. Se han perdido documentos y correos entre instituciones y hay personas que ocupaban cargos que ya no están.El ministerio, una vez recibe los ficheros proporcionados por los técnicos de PISA el pasado mes de marzo, se da cuenta de la incidencia y, tras el análisis, ve que las tasas de exclusión de todas las comunidades autónomas se encuentran por debajo del tipo máximo establecido por los coordinadores de PISA, el 5% de exclusión, excepto una, Catalunya, que presenta un inusual 23,2%.El ministerio admitió hace una semana que, en realidad, sí fue alertado por la empresa contratada para la recogida de datos durante la aplicación de las pruebas, 2E Estudios y Evaluaciones, realizadas entre marzo y mayo de 2025. Pero la alarma se quedó en un nivel técnico y no se elevó a los responsables políticos. Lo mismo ocurrió en Catalunya.Lo primero que hace el ministerio cuando advierte la incidencia y antes de que se celebre la reunión fijada con la OCDE, es compartir su preocupación por el hallazgo estadístico con los técnicos de PISA. En esa fase, puntualiza la fuente consultada, “el objeto de evaluación para PISA es el sistema educativo español, y no el de sus regiones”.El organismo con sede en París solicitó entonces la revisión de los datos por parte de dos órganos internos encargados de validar la calidad metodológica de PISA antes de decidir cómo publicar los resultados: el Consorcio Internacional de PISA, que elabora los cálculos, y el Grupo de Adjudicación, que revisa si los datos cumplen los estándares internacionales. Este actúa como órgano independiente de garantía metodológica. Su misión consiste en decidir si los datos de un país cumplen los estándares de calidad necesarios para ser comparables internacionalmente y si aparece un problema serio, estudia cuestiones como si la muestra es representativa, si la tasa de exclusión es aceptable, si la participación de centros o alumnos ha sido suficiente, si se han producido incidencias durante la aplicación y, en definitiva, si los resultados de un país pueden publicarse sin reservas, con advertencia metodológica o no publicarse.“Este asunto fue examinado, comprobado técnicamente, debatido, y, finalmente, resuelto, con un criterio de publicación consensuado entre ambos equipos técnicos”, añaden fuentes de la OCDE. De ello se infiere que solo hubo intercambios técnicos y no políticos entre España y la organización de las pruebas.La OCDE no revela a este diario la tasa de exclusión resultante para España, debido a que el informe está bajo embargo. No obstante, apunta que la muestra de Catalunya constituye solo una parte de la española, “por tanto, el impacto de una tasa de exclusión del 23% se reduce considerablemente en los resultados nacionales”.Para la muestra española se analizaron 30 centros catalanes. La Generalitat amplió esta muestra a 21 más. No todos los centros, según la conselleria, tienen tasas de exclusión de más del 5%. Está por ver si España saldrá con una acotación metodológica o si el conjunto de autonomías han amortiguado la tasa de Catalunya que representa un 14% del sistema educativo español.En anteriores ediciones de PISA algunos países registraron tasas de exclusión entre aproximadamente el 6% y el 12%, “pero nunca por encima del 20%”.Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en Sociedad