El Ministerio de Educación advirtió en abril de 2025, cuando los alumnos catalanes estaban realizado la prueba de PISA, que la muestra contenía una alta exención e informó de la misma a los responsables de la Generalitat, pero no supo hasta 2026 que debido a esa anomalía la OCDE había tomado la decisión de retirar a Catalunya del ránking.Fuentes del Ministerio de Educación han confirmado a La Vanguardia que “en el inicio de la aplicación de las pruebas (abril de 2025) se detectó que en Catalunya se estaba produciendo una elevada tasa de exclusión de alumnado para la realización de las mismas”.Las pruebas ya estaban en marcha y “en ese momento no se conocía el alcance y el impacto que podía tener esta incidencia en los resultados globales, ya que era necesario esperar a recibir los informes de la OCDE”. Por tanto, según la administración central, se procedió a advertir a la administración catalana de la incidencia.“En ese momento no se conocía el alcance y el impacto que podía tener esta incidencia en los resultados globales”Añade que el ministerio no intervino porque afirma que “no tiene la posibilidad de determinar si un alumno puede o no realizar la prueba”, tarea que corresponde al profesorado, bajo supervisión de la administración autonómica.Como no sabía el alcance de la anomalía esperó a los informes de la OCDE que no llegaron hasta marzo de 2026 y que confirmaron que una tasa de exclusión del 23,2% invalidaba estadísticamente los resultados de Catalunya. El organismo dirigido por la ministra Milagros Tolón indica que “no fue hasta marzo de 2026 cuando la OCDE, al concluir los estudios comparativos, informa de la trascendencia estadística que esta incidencia ha tenido en el tratamiento de los datos”. Y añaden que “según la OCDE, la incidencia ocurrida en la muestra del alumnado en Catalunya no afectó a la fiabilidad de los datos nacionales globales, pero sí ha impedido la comparabilidad de los datos de Catalunya con los de otras regiones o países”.Esta versión contradice las manifestaciones de la consellera de Educació, Esther Niubó, que ayer explicó que su departamento no tuvo conocimiento de se produjera una alta tasa de exención hasta marzo de 2026 en que se lo notifica el ministerio, a través del Instituto Nacional de Estadísticas Educativas (INEE), centro nacional para la OCDE.La consellera, en su explicación, también afirmó que las validaciones sobre las exenciones deben realizarse antes de la prueba pues una vez iniciada esta no cabe posibilidad de que los alumnos excluidos vayan a una sesión de recuperación, como sí se permite, según el protocolo de la OCDE, con los estudiantes que no pudieron realizar el examen el día que tocaba por enfermedad u otras causas. Según esta versión, la advertencia del ministerio durante la prueba hubiera no hubiera tenido impacto por cuanto ya no había margen de maniobra para corregir las exenciones. El ministerio no ha explicado si el INEE, interlocutor de la OCDE, informó también a la organización para la cooperación de esta incidencia por si había margen técnico para corregir la muestra. Niubó explicó, como posible origen de la causa, una posible “confusión” por parte del profesorado de los criterios que tenían que aplicar para retirar a un alumno de la lista. La coincidencia con otras evaluaciones (las diagnósticas, propias de Catalunya) con criterios más laxos habría conducido a este error. No obstante la consellera lo expuso como una posible explicación, sin culpabilizar a los centros, apuntando a quien debiera acompañar a las direcciones en este proceso y supervisar el procedimiento. En este punto, no queda clara la entidad que asumía esta responsabilidad. Unas diligencias abiertas por el departamento, dijo, tienen que dar luz sobre los hechos y las personas que actuaron. Como fleco colateral, queda también por averiguar por qué no se corrigió la tasa de abstención (del 7%) cuando, en este caso, sí existía capacidad de corrección. Al retirar de la prueba a un número tan elevado de alumnos, cercano al 30%, la muestra no es representativa del sistema educativo y no refleja con fiabilidad al conjunto del alumnado catalán de 15 años. Por ese motivo la OCDE considera que los datos no pueden utilizarse para comparar el rendimiento educativo de Catalunya con el de otros territorios.Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en Sociedad