El Ministerio de Educación ha asegurado este martes que avisó a la Generalitat de las incidencias que la OCDE veía en las pruebas PISA catalanas por las elevadas tasas de exclusión del alumnado. Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes del Ejecutivo, fue en abril de 2025, con los exámenes ya comenzadas, cuando el Gobierno recibió una comunicación de la empresa contratada por la organización para aplicar las pruebas, y así se lo traslado a la Administración educativa catalana.
“Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se puso en contacto con los correspondientes niveles técnicos del Consejo Superior de Evaluación Educativa de Catalunya y se produjeron comunicaciones sobre las incidencias que se estaban observando por parte de la empresa”, detallan. El Consejo Superior de Evaluación era entonces el responsable de supervisar las pruebas dentro del Departamento de Educación de la Generalitat.
El ministerio que dirige Milagros Tolón apuntan que las comunicaciones se produjeron “únicamente en el ámbito técnico de las dos administraciones educativas” y no se trasladaron a “otros niveles”, ya que, en aquel momento, técnicamente no se podía valorar “el alcance ni las posibles consecuencias que aquellas incidencias podían tener”.
