En una esperadísima decisión, el pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, avaló de manera clara la Ley de Amnistía. En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional remachó que la normativa ni afecta negativamente a los intereses financieros de la UE, ni vulnera la directiva comunitaria contra el terrorismo, por lo que la amnistía debería poder aplicarse a los condenados o encausados por malversación o terrorismo.PublicidadTres semanas después, casi una veintena de personas han sido amnistiadas, pero ninguna de ellas estaba acusada -o condenada- por estos dos delitos. De hecho, a la hora de evaluar el impacto de la resolución del tribunal de Luxemburgo parece evidente que habrá que esperar hasta otoño, como mínimo, para tener un retrato más o menos completo del traslado al Estado de la resolución del TJUE.El Tribunal Constitucional, por ejemplo, esperará a finales de septiembre para empezar a examinar los recursos de amparo de algunos de los dirigentes independentistas condenados o acusados por malversación a quienes el Supremo no ha aplicado la amnistía, como por ejemplo los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, entre otros miembros del Govern del 1-O. Si el TC les otorga el amparo, la causa volverá al Supremo, que hasta ahora se ha negado a aceptar que se pueda aplicar la amnistía a la malversación.Tampoco la han aplicado inmediatamente el Tribunal de Cuentas, en la causa por los gastos del procés que afecta a más de una treintena de antiguos altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, ni la Audiencia Nacional a los activistas de los CDR acusados por terrorismo en la operación Judas. Repasamos los que sí lo han recibido estas semanas y los casos pendientes.Los amnistiadosHasta el pronunciamiento del TJUE, el Supremo no había aplicado la amnistía a ningún encausado o condenado por el procés independentista. Desde entonces lo ha hecho a 13 personas. Ahora bien todas eran condenadas por los delitos de desobediencia o desórdenes públicos. De hecho, en sus resoluciones hace referencia al aval del TC a la amnistía, pero no dice nada del TJUE. Las primeras decisiones del alto tribunal en esta línea llegaron el pasado 24 de julio.PublicidadPor un lado, aceptó aplicarla a Roger Torrent (ERC) presidente del Parlamen durante la legislatura posterior al de octubre (2018-2021) y al resto de miembros independentistas de la Mesa de la cámara durante aquel mandato: Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, encausados por desobediencia. Por otro, también se lo aplicó a Maties Serracant, alcalde de Sabadell durante el 1-O y que había sido condenado a cuatro meses de inhabilitación por desobediencia grave. Y, finalmente, el mismo día concedió el olvido judicial a los activistas Oriol Calvo, Mohcine El Mesbahy y Abdessabour Al Youbi, condenados por desórdenes públicos a raíz de movilizaciones que en octubre de 2019 se produjeron en Barcelona y Girona tras la sentencia del juicio del 1-O.El día 27 llegó la primera amnistía del Supremo a una consellera del Govern del 1-O: Meritxell Serret, que aquel 2017 encabezaba la cartera de Agricultura. Serret había sido condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia por la organización del 1-O. Y al día siguiente, 28 de julio, los amnistiados fueron Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, miembros de la Mesa del Parlament en 2017 y que también habían sido condenados en 2023 por el TSJC a inhabilitación -de cuatro meses- por un delito de desobediencia por permitir las votaciones sobre el 1-O en la cámara.Fuera del Supremo, la titular del juzgado de lo penal número 11 de Barcelona amnistió el 22 de julio a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O: Tània Verge, exconsellera de ERC; el abogado Marc Marsal; Josep Pagès, actual diputado de Junts en el Congreso; el catedrático de Ciencias Políticas, Jordi Mas, y la abogada Marta Alsina. Habían sido absueltos en abril de 2021, pero la Audiencia de Barcelona había ordenado repetir el juicio, en el que la Fiscalía les pedía una condena de dos años y nueve meses de cárcel por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones.PublicidadLos casos pendientesLa causa de mayor trascendencia política que, de momento, sigue sin amnistía es la que afecta a gran parte de los miembros del Govern durante el 1-O, condenados -o encausados- por malversación, con Puigdemont y Junqueras al frente. También afecta a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que como Puigdemont están en Bélgica desde 2017 y no han sido juzgados; y a Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva que, como Junqueras, siguen inhabilitados para ocupar cargos públicos.Ni el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, ni el que presidió el tribunal en el juicio, Manuel Marchena, han considerado hasta ahora que la malversación que atribuyen a los antiguos miembros del Govern entre en la amnistía, por lo que a buen seguro que no la aplicarán al menos hasta que el Constitucional presumiblemente lo fuerce en resolver los recursos de amparo de los afectados, un paso que debe llegar durante el otoño.En declaraciones a Catalunya Ràdio, hace unos días el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín avisó que los jueces que no apliquen la amnistía podrían cometer un delito de "retraso malicioso en la administración de la justicia", una forma de prevaricación judicial que contempla el Código Penal y que se castiga con una pena de inhabilitación especial de entre seis meses y cuatro años. Del mismo modo, el abogado Gonzalo Boye, que representa a Puigdemont, manifestó a este diario que el aval del TJUE comportaba que el expresident, Junqueras y el resto de dirigentes del 1-O "tenían más cerca la amnistía en términos jurídicos", pero a la vez recordaba la "voluntad obstructiva tremenda en la justicia española", para no hacer una previsión de cuándo cree que se les acabará aplicando.También depende del Supremo que el resto de condenados en el juicio del 1-O -la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exconseller y actual presidente de la cámara legislativa catalana, Josep Rull; el exconseller de Interior Quim Forn; el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart; y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez- queden sin antecedentes penales. Fueron condenados por sedición -un delito ya borrado del Código Penal-, pero no por malversación. Sin la amnistía se les mantienen unos antecedentes penales que les impiden trabajar en la administración pública, pero sí pueden ser cargos electos, como Rull.Tampoco ha movido ficha la Audiencia Nacional, a pesar de que fue uno de los organismos que se dirigió específicamente al TJUE para formularle cuestiones prejudiciales sobre si perdonar un delito de terrorismo vulneraba la normativa europea. El tribunal de Luxemburgo le respondió que no, pero de momento la Audiencia Nacional aún no ha amnistiado a los 12 miembros de los CDR que fueron detenidos en la operación Judas -siete de los cuales pasarían tres meses en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid)- y que están acusados de terrorismo.Las dilaciones del Tribunal de CuentasQuien sí se ha movido, pero no para aplicar la amnistía es el Tribunal de Cuentas, que está tras la causa de los 35 ex altos cargos del Govern -entre ellos Puigdemont, Junqueras, Artur Mas o Romeva- que envió a juicio por los gastos atribuidos al 1-O y la acción exterior de la Generalitat. Pese a que el TJUE le respondió a su prejudicial negando que el 1-O hubiera afectado a los UE financieros de la UE, el Tribunal de Cuentas se ha negado a aplicar la amnistía inmediatamente a los 35 encausados y les dio 10 días para que presentaran alegaciones. La decisión ha comportado que el propio Govern haya presentado un escrito pidiéndole la aplicación inmediata de la amnistía.La exsecretaria general de ERC Marta Rovira espera que a partir de septiembre la Audiencia de Barcelona archive la causa contra ella por desobediencia y, por tanto, le aplique el olvido judicial. Finalmente, queda la causa del TSJC contra el ahora diputado de ERC Josep Maria Jové y el actual director general del partido republicano, Lluís Salvadó. Ambos están acusados por malversación por los gastos del 1-O, momento en que eran altos cargos del Departamento de Economía que lideraba Junqueras. La causa está pendiente de juicio y, de momento, el TSJC no se ha pronunciado sobre la aplicación de la amnistía, pese a la claridad del TJUE sobre los gastos del procés.