El Tribunal Supremo ya está desenmarañando el embrollo judicial abierto en Europa en relación con la aplicación de la ley de amnistía, pero este proceso no ha hecho más que empezar y se desarrolla en paralelo en el Alto Tribunal, el Constitucional, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, además de en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La previsión, según las diversas fuentes consultadas por este periódico, es la aplicación inmediata en los casos de desobediencia o terrorismo; el archivo en el órgano fiscalizador del Estado al comienzo del otoño, lo que beneficiará directamente a los líderes del procés; y una nueva disputa entre el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido y la Sala Penal del Supremo. El Alto Tribunal decidió aplicar la medida de gracia a cuatro exdirigentes del Parlament de Cataluña, incluido su expresidente Roger Torrent, que fueron acusados de delito de desobediencia en el procés. Junto al perdón a Laura Borràs, es la primera consecuencia práctica tras la respuesta del TJUE a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas desde los tribunales españoles. La primera, al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el procés. Y la segunda, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR). Según ha podido constatar este periódico en fuentes judiciales, los próximos beneficiarios serán precisamente los afectados por delitos de terrorismo: las defensas de los 12 integrantes de los CDR ya presentaron escritos ante la Audiencia Nacional para solicitar que se les aplique la amnistía, con el consecuente archivo definitivo de las actuaciones y la extinción de su responsabilidad penal. TE PUEDE INTERESAR El siguiente paso tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, que nada más conocer la respuesta del TJUE instó a las partes a pronunciarse sobre la resolución, movimiento que desató una catarata de reacciones de las defensas de los condenados. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, formuló dos quejas ante el TJUE con el argumento de que se trata de una estrategia dilatoria y presentó otras dos denuncias contra el Reino de España por incumplir una resolución del TJUE. "La respuesta de la Gran Sala no dejó resquicio: la obligación de resolver sin valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias y en un plazo de dos meses es 'consustancial al principio mismo de la amnistía' y conforme con el artículo 19 TUE (punto 2 del fallo)", explicó Boye, en un escrito de 17 páginas dirigido al Tribunal de Cuentas: "Básicamente, este órgano al que nos estamos dirigiendo se ha declarado en abierta rebeldía frente al TJUE y ha avanzado directamente hacia una resolución arbitraria, carente de cualquier sustento legal y más propia de incardinarse en otra rama del derecho". Fuentes conocedoras del procedimiento adelantan a El Confidencial que lo probable es que, tras la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial planteada por la consejera Helena Hernáez, el Tribunal de Cuentas dicte el archivo de la causa. A la espera de Conde-Pumpido En lo relativo a Puigdemont, al líder de ERC, Oriol Junqueras, y demás miembros del Govern en octubre de 2017, el debate se sitúa entre el Supremo y el Tribunal Constitucional. En lo relativo a los delitos de malversación, las dos resoluciones del TJUE de momento no afectan directamente al Supremo, tal y como recuerdan a este periódico desde el Alto Tribunal. Una vez que el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la norma, el Supremo hizo una interpretación normativa sobre cuál es la cuestión de tipicidad que abarca el delito de malversación y su decisión fue que no está incluido en la amnistía, de manera que el borrado legal no se aplicó en este punto a los líderes del procés. Fue entonces cuando todos ellos presentaron recursos de amparo ante el TC. TE PUEDE INTERESAR Opinión Este es el motivo por el que en el Supremo están ahora esperando al TC, que, como ha contado este periódico, no tiene previsto empezar a deliberar hasta después del verano. El primer recurso, presentado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, se estudiará en el pleno convocado por Cándido Conde-Pumpido para el 22 de septiembre. En el caso de que el TC concluya que la interpretación del Supremo es contraria al principio de legalidad y otorgue el amparo a los dirigentes del procés, el Tribunal Supremo deberá suspender las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y archivar la ejecutoria que preveía la inhabilitación hasta el año 2031. Cabe una opción más: que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presente una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE, lo que retrasaría el procedimiento al menos un año, si bien las fuentes consultadas consideran que es una opción poco probable una vez que el tribunal de Luxemburgo ha tenido que pronunciarse sobre las cuatro preguntas formuladas desde otros tribunales españoles. Mientras, el pasado viernes el Pleno del TC culminó la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía interpuestos por varias comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP. En una nota de prensa, el Constitucional comunicó el 'no' al recurso de inconstitucionalidad de Extremadura por los mismos motivos que lo hizo con las demás autonomías. Al igual que el resto de sentencias sobre la medida de gracia, presentaron un voto particular los magistrados del sector conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. El Tribunal Supremo ya está desenmarañando el embrollo judicial abierto en Europa en relación con la aplicación de la ley de amnistía, pero este proceso no ha hecho más que empezar y se desarrolla en paralelo en el Alto Tribunal, el Constitucional, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, además de en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La previsión, según las diversas fuentes consultadas por este periódico, es la aplicación inmediata en los casos de desobediencia o terrorismo; el archivo en el órgano fiscalizador del Estado al comienzo del otoño, lo que beneficiará directamente a los líderes del procés; y una nueva disputa entre el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido y la Sala Penal del Supremo.