La falta de vivienda en Catalunya –como en otros lugares de España– es tan grave que se comprende que se intente buscar todo tipo de soluciones por parte de los poderes públicos. El Govern de la Generalitat trabaja en lo más importante: la liberación de suelo urbanizable para poder construir el máximo número de pisos a coste asequible y en el menor tiempo posible. Ese es el mejor camino. Otras alternativas parecen más fáciles y populistas pero no siempre salen bien. Este ha sido el caso de la proposición de ley que busca restringir la compraventa especulativa de viviendas en las zonas tensionadas, siempre que no sea para uso residencial habitual. Este proyecto de texto legal, pactado con Comuns, e iniciativa de este partido que da apoyo parlamentario al PSC, ha sido radicalmente cuestionado por el Consell de Garanties Estatutàries. El varapalo del dictamen jurídico es de tal profundidad que, pese a no ser vinculante, el Ejecutivo catalán ha anunciado ya que revisará la norma a fondo para corregir sus defectos.La voluntad de reformar dicha proposición de ley pretende evitar los escollos legales a los que parece condenada si se quisiera seguir adelante con ella. Pero no solo se trata de reformarla, sino de rehacerla de principio a fin. Hay que tener en cuenta que el órgano consultivo catalán, en un informe de más de cien páginas, señala que dicho texto legal vulnera cinco artículos de la Constitución, como el derecho a la propiedad y a la herencia, el de libertad de empresa, el de las obligaciones contractuales y de la certeza jurídica. El Consell de Garanties alerta también de que se pretende legislar cuestiones de derecho civil a través de una modificación de la ley de Urbanismo catalana; advierte que se invaden competencias estatales en materia de contratos, y cuestiona que para aprobar la norma se haya empleado el procedimiento de lectura única, que se salta varios trámites como escuchar a los entes locales, que serían los encargados de aplicar la ley si se aprobara.Las políticas sobre vivienda deben ser ambiciosas, dada la gravedad del problema, pero siempre deben construirse sobre una base jurídica impecable, para no generar incertidumbres e inseguridad jurídica que perjudiquen la solución que se busca. Es evidente, en el caso que nos ocupa, que el contundente dictamen del Consell de Garanties sobre la proposición de ley impulsada por Comuns, y respaldada por el Govern, supone una seria llamada de atención que conviene atender, tal como se ha dicho que se hará.El Consell de Garanties Estatutàries cuestiona la ley que prohíbe la compra especulativa de viviendasLa consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciado la voluntad de revisar el texto y buscar fórmulas plenamente compatibles con el Estatut y la Constitución para combatir la especulación inmobiliaria. Conviene reconocer ese cambio de actitud. Rectificar cuando un órgano de reconocido prestigio jurídico formula objeciones tan profundas no es una muestra de debilidad política, sino de responsabilidad institucional.Comuns, por su parte, tras criticar el dictamen del Consell, asegura que seguirá explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda un derecho y no un activo financiero. El otro grupo imprescindible para que la norma saliera adelante, ERC, asume que habrá que replantearla porque concita demasiadas objeciones, aunque está de acuerdo en el objetivo de regular la compra especulativa de viviendas.Tanto Junts como PP, que fueron quienes solicitaron el dictamen, han celebrado la resolución. Los posconvergentes, en este sentido, han acusado al Govern de actuar al dictado de las políticas fallidas que Ada Colau y Comuns ya promovieron en Barcelona, mientras que la portavoz popular, Lorena Roldán, ha dicho que la proposición de ley sobre compra especulativa es una chapuza comunista. La rechazan de plano y han reiterado que la recurrirán al Constitucional si finalmente se aprobara. El sector inmobiliario también pide que se retire esta normativa.La Generalitat dice que reformará la norma y el sector pide que la retire y abra un proceso de diálogoLo sucedido con esta ley ofrece, en cualquier caso, una lección que debe tenerse siempre en cuenta. Las leyes complejas, especialmente aquellas que afectan a derechos fundamentales, difícilmente pueden elaborarse con prisas o mediante procedimientos excepcionales. La calidad normativa exige tiempo, informes, participación y diálogo. Cuanto mayor sea el consenso alcanzado durante la tramitación, mayores serán también la estabilidad y la seguridad jurídica de la norma.En este sentido, debería tenerse en cuenta la propuesta de las asociaciones de propietarios y de buena parte del ámbito inmobiliario, así como de la patronal Foment del Treball, para abrir un verdadero proceso de diálogo con los agentes del sector de la vivienda con el fin de buscar juntos soluciones eficaces y jurídicamente sólidas. Ese sería otro buen camino que seguir.