0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialNo puede decirse que la política de vivienda en Catalunya en los últimos diez años haya sido un acierto. A juzgar por los resultados, más bien ha sido todo lo contrario. Los precios de compra siguen siendo difícilmente accesibles para amplias capas de la población, con aumentos constantes (+11.3% en 2025); los alquileres siguen elevados, aunque su incremento se ha contenido ligeramente; y se construyen aún muy pocas viviendas, claramente insuficientes para atender la creciente demanda de la población. Las jóvenes generaciones son las grandes perjudicadas porque no pueden emanciparse y constituir sus propias familias. Lo mismo sucede con los inmigrantes que llegan al país para vivir y trabajar. La frustración social es igual o peor que hace diez años.Hasta ahora en Catalunya se ha intentado resolver el problema de la vivienda, principalmente de alquiler, a base de regulaciones constantes. Es cierto que los límites a los alquileres han conseguido contener los precios de determinados contratos y han proporcionado protección a muchos inquilinos que ya tenían vivienda. Igualmente también hay que reconocer que se ha protegido con más intensidad a familias vulnerables. Pero todo ello no ha contribuido a aumentar la oferta de pisos en alquiler, sino todo lo contrario, a causa de la inseguridad jurídica que se ha creado para propietarios y promotores. Ello se ha agravado con normas como la aplicada en Barcelona que obligaba a dedicar un 30% de las nuevas promociones privadas y rehabilitaciones a vivienda social.Las políticas llevadas a cabo en los últimos diez años apenas han avanzado en la solución del problemaLas regulaciones, en suma, no han conseguido corregir el creciente desfase entre una oferta insuficiente y una demanda –tanto de alquiler como de compra– que no ha dejado de aumentar. El desastre, por tanto, está servido si no se corrige rápidamente la política de vivienda. Al respecto hay un dato dramático: según el Observatori Metropolità de l’Habitatge, 1,3 millones de personas estaban buscando activamente una vivienda para residencia habitual en Catalunya a finales del 2025.Es evidente que la clase política catalana tenía que reaccionar para corregir sus errores. Así lo hizo finalmente el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, al llegar al poder. La consigna que estableció, basada en el diagnóstico de los expertos, fue apostar por una política de vivienda encaminada a aumentar la oferta de pisos. En esa línea se encuadran el plan para la detección de todos los solares urbanizables en Catalunya, el objetivo de construir 50.000 nuevas viviendas hasta el año 2030, la flexibilización y agilización de todos los trámites administrativos y urbanísticos que retrasaban sine die los proyectos de construcción y el impulso a la colaboración público-privada. Todas estas actuaciones van por el buen camino.El plan de la Generalitat para construir 50.000 nuevos pisos debe acelerarse y ampliarseLos datos actuales y las proyecciones estadísticas, sin embargo, indican que hay que aumentar mucho más la construcción de viviendas. En el 2025 se inició la de unas 15.600, de las cuales solo 3.100 eran protegidas. Las proyecciones demográficas apuntan a la formación de alrededor de 29.000 nuevos hogares anuales desde ahora hasta 2030. Esto implica, por tanto, que una política capaz de equilibrar el mercado inmobiliario debería aspirar a superar las 30.000 viviendas anuales y acercarse progresivamente a las 35.000 ó 40.000 para asumir parte del déficit acumulado. Habría que sumar la recuperación de viviendas vacías, la transformación de oficinas y edificios obsoletos y la rehabilitación de barrios. Todo ello requiere una enorme movilización de recursos públicos y privados para atender las necesidades de una población que supera los ocho millones de habitantes y que continua creciendo.La solución del problema de la vivienda necesita además una visión territorial amplia, ya que ni en Barcelona ni en las poblaciones limítrofes hay espacio para muchas nuevas viviendas. En este sentido, la puesta a punto de la red de Rodalies resulta estratégica para ampliar el mercado residencial metropolitano.La magnitud del problema de la vivienda es tal que requiere un pacto político y social que refuerce, amplíe y garantice la continuidad de los planes de la Generalitat. Hay que dejar a un lado los partidismos, pensar en el bien común y dotar a Catalunya de un plan de vivienda estable a largo plazo, que ofrezca seguridad jurídica y genere confianza entre todos los agentes del sector: los propietarios de viviendas, los inquilinos, los promotores inmobiliarios y la banca, que es quien debe financiar el enorme esfuerzo de construcción que hay que hacer. Las urnas deberían castigar a los partidos políticos que no se unan a ese eventual gran pacto para resolver el principal problema que tiene Catalunya y que es esa falta de vivienda.