Hay imágenes que retratan una crisis. Y hay otras que retratan una época. Las de miles de personas intentando alcanzar Ceuta hablan, por supuesto, del fracaso del modelo migratorio europeo. Pero, sobre todo, revelan otra realidad: la competición política, en España y en la Unión Europea (UE), por demostrar quién es más duro con quienes intentan cruzar sus límites territoriales. La discusión ya no gira solo en torno a cómo gestionar la llegada de personas. Gira, sobre todo, alrededor de quién promete más expulsiones.
No estamos ante una excepción. La externalización del control fronterizo ha convertido a terceros países en guardianes del perímetro sur. A cambio de financiación, cooperación o respaldo diplomático, Estados como Marruecos o Turquía contienen los flujos migratorios. Ahí reside una de las grandes debilidades del modelo europeo: quien controla ese grifo también dispone de una poderosa herramienta de presión geopolítica. Ocurrió en el río Evros, cuando Turquía empujó a miles de personas hacia Grecia en 2020 para presionar a Bruselas. Volvió a suceder en 2021, cuando el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de ciudadanos de Oriente Próximo y los condujo hasta Polonia, Lituania y Letonia como parte de una estrategia de guerra híbrida. Ese mismo año, Marruecos permitió la entrada de unas 10.000 personas para castigar a España tras la acogida hospitalaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La Eurocámara respondió entonces condenando el uso de seres humanos como arma de presión política.
