Europa también pone en cuestión las políticas de Pedro Sánchez para hacer frente a la corrupción. Mientras que la política migratoria del Gobierno español se debate en Bruselas después de que 22 de los 27 países que conforman la Unión Europea protestasen por la regularización masiva de inmigrantes y la crisis de Ceuta, la Comisión Europea ve insuficientes sus promesas para prevenir la corrupción, su talón de Aquiles en lo que va de legislatura. El organismo presidido por Ursula von der Leyen saca a relucir numerosos defectos de la estructura gubernamental y legislativa de España en su último informe sobre el Estado de derecho en nuestro país. Entre las principales advertencias que lanza se encuentra la infradotación económica y humana de los organismos que combaten la corrupción en nuestro país. Un problema agravado por la falta de Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una alerta que se viene repitiendo tanto en los informes que elabora la Comisión Europea como en los del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Uno de los entes que Bruselas pide que se refuercen es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía al Ejecutivo para que sean respondidas en tiempo y forma. En febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, en el que se refuerza el rol de este organismo y al que por primera vez se define como autoridad administrativa independiente cuya función es tutelar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y resolver reclamaciones, y por el que se le atribuyen nuevas competencias sancionadoras. Su incapacidad para sancionar a la Administración, de hecho, es uno de los principales hándicaps de Transparencia a la hora de instar a que sus resoluciones se cumplan. TE PUEDE INTERESAR En el anteproyecto, se otorga también a Transparencia la misión de evaluar el grado de aplicación de la Ley de Administración Abierta. Sin embargo, mientras este proyecto legislativo tiene pendiente pasar por todo el trámite parlamentario, incluido un Congreso de los Diputados donde Sánchez ha perdido la mayoría, la realidad es que en estos momentos el Consejo de Transparencia cuenta con recursos insuficientes para hacer su trabajo. Así lo denuncia la Comisión Europea en su informe, en el que recoge que es la propia Transparencia quien manifiesta "que los limitados recursos presupuestarios actuales dificultan su funcionamiento, habida cuenta, en particular, del creciente número de reclamaciones". Hay que recordar que el Gobierno de Sánchez ha batido el récord de reclamaciones ante Transparencia. En 2025, se registraron 2.767 nuevas denuncias, frente a las 1.973 de 2024, lo que representa un aumento del 40%. TE PUEDE INTERESAR La falta de recursos también afecta de lleno a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), cuya función es defender a las personas que informen sobre infracciones legales o vinculadas a la corrupción. "La Autoridad Independiente de Protección del Informante inició su andadura con algunas limitaciones presupuestarias y de personal", denuncia la Comisión Europea en su informe. Bruselas asevera que "a falta de acuerdo en el Parlamento para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la Autoridad cubre sus necesidades operativas gracias a un acuerdo presupuestario temporal". En el informe se señala que la AIPI cuenta con 23 plazas oficiales que no se han cubierto en su totalidad. De hecho, fuentes de la Autoridad confirman a El Confidencial que siguen vacantes al menos cuatro puestos. La AIPI considera que su presupuesto y su dotación de personal son insuficientes para la creciente carga de trabajo: desde septiembre de 2025, ha recibido más de 400 informes (aproximadamente cuatro al día) y ha expedido más de veinte certificados de protección. A esta infradotación de recursos hay que sumar el maremagnum legislativo que supone el modelo autonómico español: "La complejidad institucional se ve agravada por la existencia de autoridades de protección de los informantes en ocho comunidades autónomas. Estos organismos difieren en cuanto a su naturaleza y ámbito de actuación jurídicos, los cuales varían en función de las competencias que les atribuyen sus respectivos marcos reglamentarios". TE PUEDE INTERESAR La Comisión Europea también denuncia que "la sociedad civil ha notificado posibles deficiencias en los servicios de apoyo a los informantes". En concreto, cita el informe Liberties que elabora la Unión por las Libertades Civiles en Europa, y que recoge la "insuficiencia de los servicios de apoyo financiero y psicológico para los informantes y la inadecuación de los sistemas técnicos de protección del anonimato". La puesta en marcha de la AIPI se impulsó con cierta pereza por parte del Ejecutivo. Su creación era imperativa desde que se estableció por directiva europea en el año 2019. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no la traspuso a nuestro orden legislativo hasta el 2023. El estatuto de la AIPI no se oficializó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta un año después, en 2024, y pasaron meses hasta que se nombró un presidente, Manuel Villoria. Por tanto, el organismo permaneció inactivo todo este período, un hecho que ha penalizado a España en la evaluación que hace anualmente Transparencia Internacional sobre corrupción, haciendo caer a España al peor puesto de su historia. En su discurso de cierre del curso político, Sánchez llegó a presumir de que se había implementado casi la totalidad del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que anunció hace un año, tras la imputación de su mano derecha, Santos Cerdán. La realidad es, en cambio, que el 90% de las medidas que se plantean en el mismo no se han llevado a cabo, bien por falta de voluntad política o de apoyos en el Congreso de los Diputados. Europa también pone en cuestión las políticas de Pedro Sánchez para hacer frente a la corrupción. Mientras que la política migratoria del Gobierno español se debate en Bruselas después de que 22 de los 27 países que conforman la Unión Europea protestasen por la regularización masiva de inmigrantes y la crisis de Ceuta, la Comisión Europea ve insuficientes sus promesas para prevenir la corrupción, su talón de Aquiles en lo que va de legislatura.