El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha emitido un comunicado respondiendo a los hechos ocurridos durante los últimos días, en donde el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella emitió una solicitud para abstenerse de firmar contratos adjudicados por la entidad por alrededor de $3,2 billones para proyectos de infraestructura en La Guajira. Choque de trinos entre la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, y la saliente, María Fernanda Rojas, por cuenta de millonarios contratos en InvíasDe acuerdo a lo emitido por el movimiento Defensores de la Patria, estos hechos estarían perjudicando a la próxima administración del país, al tener un gran impacto fiscal, afectando vigencias futuras hasta el año 2035.Es por ello que se pide realizar antes una evaluación por parte del gobierno entrante para seguir con el proceso, afirmando que la actual administración no debería tomar la decisión de este tema, teniendo en cuenta los pocos días que les quedan de cargo en el país. Estos hechos también destacaron por el rifirrafe entre las ministras de transporte saliente y entrante, Maria Fernanda Rojas y Elsa Noguera, quienes discutieron en redes sociales sobre la legalidad de avanzar sobre estos temas de contratación previo al retiro del gobierno de Gustavo Petro.Dentro de una serie de trinos, la ministra entrante, Elsa Noguera, criticó que los contratos adjudicados podrían comprometer recursos públicos para los próximos cuatro años. “Lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del Invías por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035”.Por su parte, Maria Fernanda Rojas respondió a los pronunciamientos de la próxima ministra de la entidad, en donde dijo que el proceso de contratación se ha realizado por mayor tiempo y no en tiempos recientes. “Son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”, respondió la funcionaria.”Respuesta del InvíasAnte lo ocurrido durante los últimos días, Invías se expresó ante los recientes pronunciamientos, desmitiendo algunos comentarios realizados por la próxima administración.Dentro del comunicado compartido a medios, la entidad aclara que los contratos por cerca de $3,2 billones en el departamento de La Guajira no forman parte de decisiones de última hora o improvisadas por el actual Gobierno Nacional, sino que en realidad han sido estructurados desde diciembre de 2025. Invías informa que dentro de este proceso se han surtido todas las etapas que se encuentran establecidas en el Estatuto General de Contratación Pública y forman parte de la ejecución del CONPES 4161, política pública que fue hecha para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, en donde el Estado colombiano puede garantizar los derechos fundamentales a las comunidades wayúu. “Resulta completamente equivocado afirmar que contratos de esta magnitud puedan estructurarse, licitarse y adjudicarse en pocos días. Estos procesos comenzaron hace varios meses, cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros, y han cumplido cada una de las etapas previstas por la ley”, afirmó el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez.El director de la entidad también indica que estos pronunciamientos por parte del gobierno entrante podrían haberse evitado si se hubiera llevado a cabo el proceso de empalme que posteriormente fue suspendido por Abelardo De La Espriella.Invías indicó que la continuidad de los contratos responde a políticas de Estado y no a decisiones de una sola administración. Foto: Invías - APISi se hubiera mantenido este mecanismo entre ambas administraciones, se podría confirmar que los contratos dirigidos a La Guajira habían iniciado tiempo atrás y no recientemente. Por otro lado, Invías comenta que el gobierno de Gustavo Petro recibió un valor de alrededor de $15 billones en contratos adjudicados por la administración anterior y que se dio continuidad a su ejecución. “El Estado colombiano no comienza ni termina cada cuatro años. Las instituciones tienen continuidad y las obras públicas responden a políticas de Estado, no a intereses políticos de cada administración”, afirmó el director general, Juan Guillermo Jiménez.