La minería ilegal en la Amazonia se ha desplazado hacia nuevos territorios y métodos para eludir el endurecimiento de la fiscalización, provocando conflictos entre indígenas favorables y contrarios a la actividad. Folha acompañó una operación de la Policía Federal de Carreteras (PRF) y del Ibama en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima, donde indígenas vinculados a la minería ilegal atacaron el convoy policial con flechas y piedras, obligando a los agentes a utilizar balas de goma para abrirse paso.La actividad se disparó durante el gobierno de Jair Bolsonaro, con la invasión de unos 20.000 mineros ilegales en la Tierra Indígena Yanomami, provocando un colapso sanitario y muertes por malaria y desnutrición. Desde 2023, el gobierno de Lula ha intensificado las operaciones de combate, reduciendo las alertas de minería ilegal, pero la explotación se ha desplazado a zonas menos vigiladas, como Mato Grosso, Amapá y Rondônia, además de recurrir a galerías subterráneas para escapar de las imágenes por satélite.
En la Tierra Indígena Sararé, en Mato Grosso, la superficie afectada por la minería ilegal pasó de 147 hectáreas en 2022 a 3.432 hectáreas en 2025, según MapBiomas. El fiscal André Luiz Porreca afirmó que hubo "un desplazamiento, un cambio de dirección de la minería ilegal". Para Cesar Diniz, coordinador de MapBiomas, "la ilegalidad tiende a adaptarse si no existe una vigilancia continua", y estima que el 70 % de las explotaciones mineras del país presentan algún tipo de irregularidad.
