NoticiaUna investigación advierte que la convergencia entre el narcotráfico y la minería ilegal está transformando la Amazonía.Amazonía Foto: iStockSUBEDITOR DE JUSTICA14.07.2026 11:37 Actualizado: 14.07.2026 11:37

La Amazonía que comparten Colombia, Ecuador y Perú atraviesa un momento de profunda transformación debido a la expansión de las economías ilegales y a las que se suma un nuevo escenario geopolítico marcado por gobiernos que privilegian estrategias militares, una mayor presencia de Estados Unidos y organizaciones criminales que han ampliado su capacidad de control territorial.Ese es el panorama que expone el informe “Triple amenaza: Geopolítica, economías ilícitas y los riesgos de la guerra contra el narcoterrorismo en la triple frontera Colombia-Ecuador-Perú”, elaborado por Amazon Underworld, Amazon Watch y Al Margen. El documento sostiene que la región enfrenta una combinación de factores que podría agravar el conflicto armado, aumentar las tensiones diplomáticas y profundizar la crisis humanitaria en la Amazonía.Uno de los episodios que, según la investigación, refleja esa nueva realidad ocurrió en marzo de este año, cuando tropas ecuatorianas realizaron una operación militar en la provincia de Sucumbíos con apoyo de Estados Unidos. De acuerdo con el informe, la acción fue presentada oficialmente como un ataque contra una estructura del narcoterrorismo. Sin embargo, el propietario del predio aseguró otra versión de los hechos: “¿Cómo va a ser un campamento de entrenamiento si aquí es una zona ganadera?”, declaración que posteriormente fue respaldada por una investigación de The New York Times.El artefacto encontrado el sábado. Foto:CortesíaDías después de ese operativo apareció una bomba de 500 libras sin detonar en territorio colombiano, cerca de Jardines de Sucumbíos. El hallazgo provocó un nuevo choque diplomático entre Bogotá y Quito. Mientras el presidente Gustavo Petro responsabilizó a Ecuador por el artefacto, el mandatario Daniel Noboa negó cualquier incursión fuera de su territorio. Una investigación conjunta terminó estableciendo que la munición correspondía al bombardeo realizado días antes.Para los autores del estudio, estos hechos son apenas una muestra de un fenómeno mucho más amplio. El documento advierte que la región vive una creciente militarización impulsada por la estrategia estadounidense denominada Escudo de las Américas, creada para combatir a las organizaciones criminales transnacionales bajo un enfoque de “guerra contra organizaciones terroristas extranjeras”. Ese modelo, según la investigación, podría intensificarse con la llegada de gobiernos de derecha en Colombia y Perú, alineados con la política de seguridad impulsada por Daniel Noboa en Ecuador.La marihuana hallada en la frontera con Perú. Foto:Armada NacionalEl informe sostiene que la respuesta militar, por sí sola, no está resolviendo el problema. Por el contrario, advierte que las operaciones de fuerza han terminado afectando a comunidades civiles y, en algunos casos, derivando en denuncias por violaciones a los derechos humanos. En Ecuador, incluso, señala que existen reportes sobre torturas y desapariciones forzadas en medio de operaciones militares desarrolladas durante el conflicto armado interno declarado por ese país.La minería ilegal gana terreno sobre la cocaUno de los cambios más significativos identificados por los investigadores es el crecimiento acelerado de la minería ilegal de oro. Si durante décadas la cocaína fue el principal motor económico de las organizaciones criminales, hoy el oro se ha convertido en una fuente de ingresos cada vez más importante.Un líder comunitario citado por el informe resume ese cambio con una frase contundente: “Lo fuerte ahora es la minería ilegal, porque incluso en Colombia ya no se habla mucho de la coca, ya que no la están comprando, no hay comercialización”.Según la investigación, ambas economías ilegales funcionan de manera complementaria. Los recursos provenientes del narcotráfico financian explotaciones mineras ilegales, mientras que el comercio del oro sirve para lavar dinero y fortalecer las finanzas de las organizaciones criminales.Ejército desmanteló siete unidades de minería ilícita de los Comandos de Frontera en Putumayo Foto:Ejército.Los Comandos de la Frontera consolidan su influenciaEl documento también describe una expansión de los Comandos de la Frontera (CDF), organización que, según los investigadores, ha fortalecido su presencia a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, extendiendo su influencia desde Colombia hacia Ecuador, Perú e incluso Brasil.Un funcionario ecuatoriano citado en el estudio asegura que los integrantes del grupo “cruzan la frontera de un lado a otro” y reconoce que “las Fuerzas Armadas han perdido el control sobre este tramo”.En Perú, la percepción es similar. Un funcionario de ese país afirmó que la organización utiliza territorio peruano como “zona de descanso” y como plataforma para financiar actividades relacionadas con la minería ilegal y el narcotráfico.La investigación agrega que, además del fortalecimiento de los Comandos de la Frontera, en la región convergen otras estructuras como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el Estado Mayor Central, Los Lobos, Los Choneros y el Comando Vermelho de Brasil, conformando un escenario criminal cada vez más complejo.Ecuador y Estados Unidos destruyen un campamento de entrenamiento en frontera con Colombia. Foto:X: @SouthcomRiesgos para la pazAunque el informe reconoce que en Putumayo los homicidios y los desplazamientos disminuyeron durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y los Comandos de la Frontera, advierte que esa reducción de la violencia no necesariamente significa una recuperación del control estatal.Los investigadores sostienen que persisten mecanismos de coerción, regulación social y control económico ejercidos por los grupos armados, mientras la lenta implementación de los acuerdos de paz ha permitido que estas organizaciones consoliden su influencia sobre amplios territorios de la frontera amazónica. LEA TAMBIÉN El desafíoLa principal conclusión del informe es que insistir únicamente en estrategias de mano dura podría terminar agravando el conflicto.Los autores advierten que “estos enfoques subestiman cómo opera el crimen organizado, no solo a través de la violencia, sino también mediante su penetración en las economías e instituciones locales”. Además, alertan que ese tipo de políticas “corren el riesgo de alienar aún más a las comunidades, cuyo apoyo es esencial para restaurar la autoridad del Estado y reducir la inseguridad”.Frente a ese panorama, la investigación propone combinar acciones focalizadas contra las finanzas del crimen organizado con programas de protección para las comunidades, fortalecimiento institucional y políticas de desarrollo que permitan reducir la dependencia de las economías ilegales.Para los autores, el futuro de la Amazonía dependerá menos del incremento de las operaciones militares y mucho más de la capacidad de los Estados para recuperar la gobernanza, proteger a las comunidades y evitar que la triple frontera siga consolidándose como uno de los principales corredores del crimen organizado en América Latina.Redacción JusticiaJusticia@eltempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.