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“Nuestras vidas están condenadas a la muerte”. Para Olivia Bisa Tirko, lideresa del pueblo chapra del Datem del Marañón, esa frase resume más de cinco décadas de explotación petrolera en la Amazonía peruana. Mientras el país se prepara para un nuevo gobierno, asegura que las comunidades indígenas no esperan más promesas, sino la reparación de los daños acumulados.
“Nos hablan de reactivar la economía, pero ¿de dónde va a salir esa recuperación? ¿Sacrificando otra vez a los pueblos indígenas? Tenemos metales pesados en la sangre, sitios contaminados, personas con cáncer y niños que nacen con problemas de salud. Yo no veo desarrollo; veo gente muriéndose”, afirma.
Su testimonio refleja una agenda que el próximo gobierno heredará desde el primer día: minería ilegal, tala clandestina, contaminación por hidrocarburos, deforestación, cambio climático y conflictos socioambientales.
A ello se suman demandas como modificar la Ley 31973, conocida por colectivos como la 'ley antiforestal'; revisar la Ley 32293 por su posible impacto sobre la titulación de comunidades indígenas; atender las advertencias de comunidades asháninkas sobre un proyecto que pondría en riesgo la cuenca del río Ene; y acelerar la remediación de decenas de sitios contaminados por hidrocarburos en Loreto mediante la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084.
