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Detrás de la tragedia de 13 trabajadores que en abril del 2025 fueron secuestrados y asesinados en Pataz, de los casi 50 líderes y defensores ambientales victimados en la Amazonía y de comuneros indígenas amenazados, hay un fenómeno preocupante y creciente: la minería ilegal, insegura para las comunidades nativas y los operarios, y alimento para las arcas de mafias y redes criminales que actúan con impunidad.
En Amazonas, Ucayali, Loreto o Madre de Dios, los comuneros insisten en que grupos armados controlan muchos territorios donde existen minas ilegales y, en muchos casos, "utilizan como escudos humanos a gentes humildes e indefensas".
Esta semana, el Colectivo PAS participó, junto a otras nueve asociaciones, en el foro Perú Democrático: Responsabilidad Común, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, para abordar problemas urgentes del país que el próximo gobierno deberá atender.
Karina Garay, exfiscal ambiental de Madre de Dios y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, en representación del colectivo que surgió como respuesta a la ola de crímenes financiados por la minería ilegal en el Perú, presentó 10 propuestas contra esa actividad ilícita ante los nuevos senadores para sus primeros 100 días de gobierno.
