La mayor promoción de vivienda pública anunciada hasta ahora en Mallorca no estará disponible hasta la próxima legislatura y solo podrán optar a ella quienes acrediten al menos 15 años de residencia legal en Balears. Las islas siguen así la senda de Canarias, donde los demandantes de vivienda social deberán demostrar que llevan viviendo en el archipiélago desde hace 12 años, una medida que ha generado malestar entre las organizaciones ciudadanas y sociales por considerarla “discriminatoria e ineficaz”.
El Ejecutivo balear, en manos del PP, ha formalizado este lunes con el Consell de Mallorca la cesión gratuita de unos terrenos junto al Velòdrom Illes Balears -antes Palma Arena- de Palma donde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) proyecta construir 323 viviendas de protección oficial (VPO).
El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear, donde la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros continúa marcando máximos históricos y los precios de compraventa y alquiler continúan entre los más elevados de España, convirtiendo el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para una buena parte de la población.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado este lunes el convenio de cesión de una parcela de más de 33.000 metros cuadrados, una actuación que el Ejecutivo presenta como la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca y para la que prevé una inversión inicial de 3,4 millones de euros.
