El futuro Gobierno de Castilla y León exigirá un empadronamiento de 10 años en la comunidad autónoma y en España para la compra de vivienda protegida y de 5 para el acceso a alquiler social, según consta en la medida 15.15 del acuerdo de gobierno suscrito este miércoles entre PP y Vox relativo al acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.PP y Vox han acordado establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de 'prioridad nacional' y adecuado a la legalidad vigente para procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
Según el acuerdo, este sistema incluirá la exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler), y la exclusión de las personas que hayan sido condenadas como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años. "Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública", añade el documento.
