Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.
El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.
