La Consejería de Vivienda de la Comunidad Valenciana solicitó a la cooperativa de la urbanización Les Naus, la promoción que desató un escándalo en Alicante, que no iniciara “el visado de contratos” hasta la aprobación del “nuevo reglamento”, decretado por el expresidente Carlos Mazón, que rebajaba los requisitos para el acceso a Viviendas de Proteccion Pública (VPP). Así figura en una circular que la cooperativa envió a sus socios y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En el mismo documento, resumen de la reunión informativa de la cooperativa con los socios, en febrero de 2024, se informa a los cooperativistas que “tras las pasadas elecciones en la Generalitat Valenciana, el nuevo Gobierno está trabajando en la elaboración de un nuevo reglamento de vivienda protegida” y que Fraorgi, la empresa que construyó las VPP de lujo, tuvo “presencia en la mesa sectorial que organizó” Vivienda “para abordar este cambio normativo”.Esta información ha salido a la luz durante la tercera comisión de investigación de las Cortes valencianas dedicada a revisar qué pudo suceder para que en la primera promoción de VPP lanzada en Alicante en varias décadas, los pisos recayeran en altos cargos del Ayuntamiento de Alicante o sus familiares y en técnicos municipales y de la consejería de Vivienda. Entre ellos, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, o la exdirectora general María Pérez-Hickman, la primera beneficiada directamente y la segunda, con dos hijos y un sobrino entre los afortunados. La urbanización, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Alicante, cerca de la Playa de San Juan, estaba formada por 144 viviendas con garaje, pistas deportivas, gimnasio y centro social, a unos 200.000 euros por casa, la mitad de lo que es habitual en ésa área urbana.El decreto elaborado por el equipo de Mazón, aprobado en diciembre de 2024, eliminaba la protección permanente que impedía vender las viviendas protegidas, que pasaba a ser de 30 años y ampliaba las rentas de los núcleos familiares que fueran a ocupar la vivienda, entre otras medidas que allanaban la consecución de una adjudicación, según explica José Díaz, diputado autonómico del PSOE. Se lo ha mostrado a Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa y gerente de la promotora Fraorgi, que ha declinado contestar por estar imputado en el caso abierto en los juzgados que investiga la adjudicación de estas viviendas. Díaz también ha interrogado al presidente de los cooperativistas de Les Naus, Luis Alberto Meler, que igualmente ha comparecido hoy ante la comisión. Jesualdo Ros, presidente de Provia, la patronal de los promotores de Alicante, era otro de los convocados.En el listado de comparecientes estaba también el exalcalde socialista alicantino Gabriel Echávarri, quien ha admitido que la enajenación de la parcela en la que se ubicó Les Naus se realizó bajo su mandato, debido a la deuda acumulada por los anteriores gobiernos municipales, de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP. Sin embargo, cuando dejó la Alcaldía, en 2018, la parcela estaba por adjudicar. En su opinión, el nuevo consistorio, encabezado por el actual alcalde, Luis Barcala, podía haber paralizado el proyecto, pero decidió sacarlo adelante. A juicio de Echávarri, el PP “enfangó” el proceso y lo dejó en manos de unos “jetas”, tal como ha tildado a los responsables de la adjudicación de viviendas.Por tercera vez consecutiva, quien no ha sido llamado a declarar es Barcala. Sigue sin tener que acudir a Les Corts a dar explicaciones y, por propia iniciativa, tampoco declarará mañana ante la comisión paralela que se está desarrollando en el Ayuntamiento. En un documento registrado hoy, el primer edil alicantino ha expresado su “voluntad de no comparecer, debido a la falta de colaboración de las partes implicadas”. Barcala se escuda en la renuncia de los exconcejales de izquierdas citados, de “la mayoría de los técnicos municipales y exconcejales” de su partido e incluso de sus compañeros del ejecutivo actual. Entre los altos cargos, acogerse a que la comparecencia no es obligatoria se ha convertido en tendencia. “Mi comparecencia no puede aportar más de lo ya explicado” en el pleno extraordinario que convocó poco después de que saltara la polémica, afirma.La decisión de Barcala ha enardecido a la oposición, que ya ha visto cómo los principales implicados, entre ellos Gómez y Pérez-Hickman, han eludido dar explicaciones. “Si Luis Barcala considera que no tiene que dar explicaciones al Ayuntamiento y a la ciudadanía sobre un asunto tan grave como Les Naus, tampoco puede seguir dirigiendo” el Ayuntamiento, dice la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló. “Si considera que otras personas no han colaborado, su obligación era dar ejemplo y defender la transparencia, no ponerse al frente del bloqueo”, añade su homólogo en Esquerra Unida, Manolo Copé.