La comisión de investigación sobre el escándalo de vivienda protegida de Alicante que se desarrolla en las Corts Valencianes arroja una serie de datos que cuestionan las políticas del Ejecutivo del ya dimitido Carlos Mazón. El Consell del PP estuvo trabajando desde que tomara las riendas de la Generalitat en un cambio en la normativa de vivienda, que aireó a bombo y platillo durante el año 2024 y promocionó como la gran política de vivienda para los jóvenes. El cambio en la norma terminó dando pie a que la vivienda protegida pueda pasar al mercado libre.
No es ningún secreto que el Ejecutivo quisiera cambiar la normativa de vivienda protegida, los requisitos de acceso y el régimen de protección. Así se trasladó a principios de año, cuando se presentó el plan para acelerar la construcción de vivienda protegida, que reciclaba parte del proyecto del Gobierno de izquierdas. Antes, los promotores pidieron a Mazón que modificara la normativa para subir el precio de venta por metro cuadrado y rebajar la protección de las viviendas; es decir, que pudieran pasar al mercado libre pasados unos años. En la legislatura anterior, el Consell de PSPV, Compromís y Unidas Podemos blindó la calificación de vivienda protegida de forma permanente. Ya en octubre de 2023, los promotores pidieron al Ejecutivo del PP públicamente limitar la protección.
