La política de vivienda del Gobierno valenciano, con el PP al frente del Ejecutivo, primero con Carlos Mazón y después con Juan Francisco Pérez Llorca como presidentes, ha tenido como principal consecuencia que la vivienda de protección pública haya dejado de ser una opción asequible para las rentas más bajas que no pueden acceder al mercado de renta libre.
Así se desprende del balance de las medidas legislativas adoptadas desde 2024 y que enmiendan todo lo aprobado por el anterior Gobierno del Botànic. Una de las causas de esta política es el hecho de haber fiado a la iniciativa privada la construcción y gestión de la vivienda protegida, cediendo a todas sus reivindicaciones: aumento de precios, elevación del nivel de renta de las personas que pueden adquirirlas, eliminación del carácter permanente de la protección y fomento de la fórmula de la permuta, por la que el constructor se hace con la propiedad del suelo público.
Así, en cuanto al precio del metro cuadrado de las VPO, en tan solo dos años la Conselleria de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, ha aprobado dos subidas del precio por metro cuadrado para este tipo de inmuebles, que suponen un encarecimiento acumulado del 16,7%, al pasar de los 2.200 euros que dejó fijados el anterior Ejecutivo de izquierdas en 2023 a los 2.400 euros aprobados en 2024 y a los 2.568 euros anunciados recientemente.
