EditorialInterior apunta al CNI, dependiente de Defensa. El Ejecutivo tiene la obligaci�n de ofrecer una respuesta de EstadoEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en Ceuta.EFEActualizado Domingo,

agosto

23:17Audio generado con IACuatro d�as despu�s de la avalancha de 60.000 inmigrantes irregulares en Ceuta, los ciudadanos espa�oles siguen sin tener una respuesta clara y coherente sobre la cadena de fallos que precipit� la desprotecci�n de una de las fronteras m�s sensibles de Europa. La ausencia de explicaciones, sumada a la pasividad inicial de las autoridades espa�olas, agudiza la debilidad de nuestro pa�s en medio de unos hechos grav�simos. No estamos ante un mero incidente migratorio, sino ante una crisis de seguridad de calado que exige la m�xima transparencia y determinaci�n por parte del Gobierno. M�xime teniendo en cuenta que la inmigraci�n y el Estrecho de Gibraltar juegan un papel clave en una guerra h�brida que erosiona a la Uni�n Europea, pero no a Marruecos, que se limita a mirar para otro lado pese a la flagrante violaci�n de los derechos humanos.Por boca del delegado del Gobierno en Ceuta, el Ejecutivo afirm� ayer a que no tuvo �ning�n tipo de informaci�n� de sus servicios de seguridad sobre el aluvi�n de personas que el jueves entr� a esta ciudad aut�noma irregularmente. Estas declaraciones llegan despu�s de que el ministro del Interior Fernando Grande-Malaska apuntara a la falta de suministro de datos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Y todo ello despu�s de que el presidente, tras evitar en todo momento se�alar al Reino de Marruecos -pese a que los rastreos tecnol�gicos permiten corroborar que Rabat no hizo nada por frenar la entrada masiva-, achacara este episodio a las mafias y a una llamada en las redes sociales, extremo que har�a a�n m�s lacerante la falta previa de suficientes dispositivos de contenci�n teniendo en cuenta las advertencias que durante los �ltimos d�as hab�a venido haciendo en este sentido el presidente ceut� Juan Jes�s Vives.A falta de esclarecer qui�n alent� y ejecut� la avalancha desde el lado marroqu�, la realidad es que, sin control sobre el territorio, el Estado perdi� la condici�n de soberano durante dos d�as en la ciudad aut�noma de Ceuta. No s�lo por la suspensi�n de facto de las leyes de Seguridad Ciudadana y de Extranjer�a, sino por la limitaci�n de derechos amparados en la Constituci�n al alterarse por completo la normalidad en Ceuta. Adem�s, a diferencia de otros graves episodios, el Ejecutivo -por mucho que intente extrapolar a Europa su fracaso en inmigraci�n- no puede soslayar su propio deber. En este asunto no hay competencias concurrentes o compartidas. Porque es al Estado, tal como fijan las previsiones constitucionales, al que corresponde garantizar la integridad territorial. Lo �ltimo que espera la ciudadan�a, por tanto, es una pugna entre ministerios para dilucidar qui�n carga con la culpa de una oleada sin precedentes.Tanto el imperativo de seguridad como el de velar por la convivencia exigen que el Gobierno, sin enzarzarse en subterfugios impropios, asuma plenamente su responsabilidad. No s�lo para cerrar esta crisis, sino para que no vuelva a repetirse en el futuro.