Análisis Exclusivo suscriptores El documento también alerta que Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y SOS registraron incrementos en las quejas después de sus respectivas intervenciones.Un informe de Así Vamos en Salud revela que la afiliación pasó de 99,61 % en junio de 2022 a 98,23 % en enero de 2026. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPOEDITOR VIDA01.08.2026 22:31 Actualizado: 01.08.2026 22:31
Entre junio de 2022 y enero de 2026, la cobertura de afiliación al sistema de salud pasó del 99,61 % al 98,23 %, una caída de 1,38 puntos porcentuales, según el informe ‘Corte de cuentas del sector salud en el periodo de Gobierno 2022-2026', elaborado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, que evaluó el comportamiento del sector durante el gobierno de Gustavo Petro con base en fuentes oficiales y el seguimiento de indicadores estructurales. LEA TAMBIÉN Para Augusto Galán, director del centro de pensamiento, la reducción de la cobertura de afiliación contradice uno de los principales objetivos que planteó el Gobierno durante el cuatrienio: fortalecer la atención primaria y la prevención para ampliar el acceso al sistema de salud. Según explicó, la caída equivale a cerca de 750.000 personas que hoy no estarían afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. "Es una población muy importante, comparable con casi la totalidad de los afiliados al Fomag", señaló. Cobertura en salud retrocedió durante el gobierno Petro. Foto:Ronny Suárez - EL TIEMPOGalán advirtió que la principal consecuencia es que estas personas quedarían sin la protección del seguro en salud, por lo que enfrentarían desprotegidas cualquier enfermedad o contingencia médica. Sobre las razones de esta disminución, el exministro planteó dos hipótesis. La primera es que exista un problema en los registros de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), una situación que, recordó, incluso motivó cuestionamientos de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud por las variaciones reportadas en la cobertura. La segunda posibilidad, agregó, es que muchas personas que pierden su empleo salgan del régimen contributivo y no logren hacer la transición al régimen subsidiado, lo que termina dejándolas por fuera del sistema de aseguramiento. En el reporte presentado y dado a conocer esta semana, Así Vamos En Salud cuestiona las intervenciones a las EPS adelantadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. A juicio de los expertos, estos procesos “no lograron corregir de manera generalizada la experiencia de los usuarios ni reducir las quejas”. “Después de las respectivas fechas de intervención, las PQRS aumentaron un 41% en Famisanar, un 44% en Nueva EPS, un 27% en Sanitas y un 11% en SOS. Por su parte, Asmet Salud, Capresoca y Emssanar presentaron disminuciones en el número de PQRS en el mediano plazo”, señala el informe. Para Galán, el incremento de las PQRS durante las intervenciones a las EPS demuestra que la estrategia del Gobierno no logró el objetivo de mejorar la atención a los usuarios. Según explicó, desde el inicio se advirtió que las intervenciones no eran el mecanismo más adecuado para resolver los problemas financieros que enfrentaban las aseguradoras. A su juicio, estas medidas estaban concebidas como instrumentos de vigilancia excepcional y no como una solución estructural para corregir las fallas del sistema. Galán señaló que una de las principales consecuencias de la intervención es el debilitamiento de la gobernanza de las EPS. Explicó que, una vez intervenida una entidad, desaparecen sus órganos de dirección y la toma de decisiones queda concentrada en una sola persona: el interventor designado por el Gobierno. LEA TAMBIÉN "Esa sola circunstancia ya debilita la gobernanza y la gobernabilidad de la entidad", afirmó. A esto se suma, dijo, que los interventores suelen reemplazar a buena parte del equipo directivo, incluidos los responsables de las áreas financiera y médica, lo que genera inestabilidad en la operación y afecta la continuidad de la gestión. El exministro sostuvo que el principal error estuvo en los perfiles de quienes fueron nombrados para asumir esas funciones. Según indicó, la mayoría de los interventores carecía de experiencia en el aseguramiento en salud y en la administración de una EPS. Otro de los hallazgos que preocupa al centro de pensamiento es el deterioro en los indicadores de acceso efectivo a los servicios de salud. Según el informe, luego de alcanzar un pico de 17,91 millones de personas atendidas en servicios ambulatorios durante el primer semestre de 2024, la cifra cayó a 13,77 millones al cierre de 2025, un nivel similar al registrado en 2022. La reducción también se refleja en la atención por urgencias y en las hospitalizaciones, lo que, de acuerdo con el análisis, evidencia una disminución significativa del volumen real de servicios de salud prestados a la población. Menos pacientes atendidos, más quejas y EPS debilitadas es el balance de salud del gobierno Petro. Foto:Archivo particularPara el director del centro de pensamiento la reducción en el número de personas atendidas refleja un deterioro en el acceso oportuno a los servicios de salud. Según explicó, este indicador es una medida indirecta de la capacidad que tienen los pacientes para acceder a la atención cuando la necesitan. "En la medida en que cayó el acceso oportuno y se generaron más barreras para la prestación de los servicios, se puede explicar esa disminución en el número de personas atendidas entre 2024 y 2025", afirmó. La infraestructura hospitalaria también quedó entre las principales alertas del informe. Según el análisis de Así Vamos en Salud, Colombia cerró el periodo con una disponibilidad de 1,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, un indicador que permanece estancado y que está muy por debajo del promedio de 4,2 camas por cada 1.000 habitantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque las camas generales para adultos aumentaron un 16 % durante el periodo, el informe advierte un retroceso en la atención materna y neonatal. Al cierre de la evaluación, el país contaba con 3.156 camas para la atención del parto, 97 menos que en el trimestre anterior y un 18 % menos que en 2021, además de 1.681 camas de unidades de cuidado intensivo neonatal. El estudio también señala que la oferta hospitalaria continúa concentrada en unas pocas regiones. Bogotá y Antioquia reúnen el 30 % de las camas para adultos del país, una distribución que, según el centro de pensamiento, evidencia que durante el cuatrienio no se corrigieron los problemas estructurales de acceso y disponibilidad de infraestructura hospitalaria. Para Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, el estancamiento de la infraestructura hospitalaria evidencia que uno de los principales desafíos del sistema sigue sin resolverse. A su juicio, el país necesitaba una política nacional de infraestructura que impulsara el desarrollo de la capacidad física, tecnológica y digital de la red de salud, pero ese avance no se materializó durante el gobierno de Gustavo Petro. Galán cuestionó, además, la destinación de recursos que, según afirmó, fueron trasladados desde el aseguramiento hacia la estrategia de atención primaria y los equipos básicos de salud. De acuerdo con sus cálculos, se trata de cerca de 4,2 billones de pesos anuales durante los últimos tres años, recursos que, en teoría, debían contribuir al fortalecimiento de la infraestructura y de la atención en el primer nivel. Sin embargo, aseguró que no existe información suficiente para evaluar su ejecución. "No hay una rendición de cuentas clara y transparente sobre esos recursos, cómo se ejecutaron, dónde se ejecutaron y cuál fue el impacto que produjeron en el sistema de salud", afirmó. El exministro sostuvo que una forma de medir indirectamente los resultados de esa inversión es revisar los indicadores de salud pública, los cuales, según el informe, muestran un deterioro. Entre ellos mencionó la caída en las coberturas de vacunación, el resurgimiento de enfermedades prevenibles y el aumento de patologías que deberían estar controladas. El sistema de salud perdió cobertura y capacidad de atención durante el gobierno Petro. Foto:César Mateus - EL TIEMPOComo ejemplo citó la sífilis congénita, cuya tasa pasó de 3,1 a 4,5 casos, un comportamiento que calificó de "inadmisible". A su juicio, estos resultados reflejan fallas en la atención primaria y en los servicios de baja complejidad, precisamente los componentes que buscaban fortalecer los equipos básicos de salud. "Por lo menos, no están mostrando los resultados que uno esperaría", concluyó. La paradoja Según explicó, la caída equivale a cerca de 750.000 personas que hoy no estarían afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. "Es una población muy importante, comparable con casi la totalidad de los afiliados al Fomag", señaló. Galán advirtió que la principal consecuencia es que estas personas quedarían sin la protección del seguro en salud, por lo que enfrentarían desprotegidas cualquier enfermedad o contingencia médica. Sobre las razones de esta disminución, el exministro planteó dos hipótesis. La primera es que exista un problema en los registros de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), una situación que, recordó, incluso motivó cuestionamientos de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud por las variaciones reportadas en la cobertura. La segunda posibilidad, agregó, es que muchas personas que pierden su empleo salgan del régimen contributivo y no logren hacer la transición al régimen subsidiado, lo que termina dejándolas por fuera del sistema de aseguramiento. LEA TAMBIÉN En el reporte presentado y dado a conocer esta semana, Así Vamos En Salud cuestiona las intervenciones a las EPS adelantadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. A juicio de los expertos, estos procesos “no lograron corregir de manera generalizada la experiencia de los usuarios ni reducir las quejas”. “Después de las respectivas fechas de intervención, las PQRS aumentaron un 41% en Famisanar, un 44% en Nueva EPS, un 27% en Sanitas y un 11% en SOS. Por su parte, Asmet Salud, Capresoca y Emssanar presentaron disminuciones en el número de PQRS en el mediano plazo”, señala el informe. Para Galán, el incremento de las PQRS durante las intervenciones a las EPS demuestra que la estrategia del Gobierno no logró el objetivo de mejorar la atención a los usuarios. Según explicó, desde el inicio se advirtió que las intervenciones no eran el mecanismo más adecuado para resolver los problemas financieros que enfrentaban las aseguradoras. A su juicio, estas medidas estaban concebidas como instrumentos de vigilancia excepcional y no como una solución estructural para corregir las fallas del sistema. . Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPOGalán señaló que una de las principales consecuencias de la intervención es el debilitamiento de la gobernanza de las EPS. Explicó que, una vez intervenida una entidad, desaparecen sus órganos de dirección y la toma de decisiones queda concentrada en una sola persona: el interventor designado por el Gobierno. "Esa sola circunstancia ya debilita la gobernanza y la gobernabilidad de la entidad", afirmó. A esto se suma, dijo, que los interventores suelen reemplazar a buena parte del equipo directivo, incluidos los responsables de las áreas financiera y médica, lo que genera inestabilidad en la operación y afecta la continuidad de la gestión. El exministro sostuvo que el principal error estuvo en los perfiles de quienes fueron nombrados para asumir esas funciones. Según indicó, la mayoría de los interventores carecía de experiencia en el aseguramiento en salud y en la administración de una EPS. Otro de los hallazgos que preocupa al centro de pensamiento es el deterioro en los indicadores de acceso efectivo a los servicios de salud. Según el informe, luego de alcanzar un pico de 17,91 millones de personas atendidas en servicios ambulatorios durante el primer semestre de 2024, la cifra cayó a 13,77 millones al cierre de 2025, un nivel similar al registrado en 2022. La reducción también se refleja en la atención por urgencias y en las hospitalizaciones, lo que, de acuerdo con el análisis, evidencia una disminución significativa del volumen real de servicios de salud prestados a la población. Para el director del centro de pensamiento la reducción en el número de personas atendidas refleja un deterioro en el acceso oportuno a los servicios de salud. Según explicó, este indicador es una medida indirecta de la capacidad que tienen los pacientes para acceder a la atención cuando la necesitan. "En la medida en que cayó el acceso oportuno y se generaron más barreras para la prestación de los servicios, se puede explicar esa disminución en el número de personas atendidas entre 2024 y 2025", afirmó. La infraestructura hospitalaria también quedó entre las principales alertas del informe. Según el análisis de Así Vamos en Salud, Colombia cerró el periodo con una disponibilidad de 1,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, un indicador que permanece estancado y que está muy por debajo del promedio de 4,2 camas por cada 1.000 habitantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Intervenir las EPS no mejoró la atención, según advierte Así Vamos en Salud. Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPOAunque las camas generales para adultos aumentaron un 16 % durante el periodo, el informe advierte un retroceso en la atención materna y neonatal. Al cierre de la evaluación, el país contaba con 3.156 camas para la atención del parto, 97 menos que en el trimestre anterior y un 18 % menos que en 2021, además de 1.681 camas de unidades de cuidado intensivo neonatal. El estudio también señala que la oferta hospitalaria continúa concentrada en unas pocas regiones. Bogotá y Antioquia reúnen el 30 % de las camas para adultos del país, una distribución que, según el centro de pensamiento, evidencia que durante el cuatrienio no se corrigieron los problemas estructurales de acceso y disponibilidad de infraestructura hospitalaria. LEA TAMBIÉN Para Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, el estancamiento de la infraestructura hospitalaria evidencia que uno de los principales desafíos del sistema sigue sin resolverse. A su juicio, el país necesitaba una política nacional de infraestructura que impulsara el desarrollo de la capacidad física, tecnológica y digital de la red de salud, pero ese avance no se materializó durante el gobierno de Gustavo Petro. Galán cuestionó, además, la destinación de recursos que, según afirmó, fueron trasladados desde el aseguramiento hacia la estrategia de atención primaria y los equipos básicos de salud. De acuerdo con sus cálculos, se trata de cerca de 4,2 billones de pesos anuales durante los últimos tres años, recursos que, en teoría, debían contribuir al fortalecimiento de la infraestructura y de la atención en el primer nivel. Sin embargo, aseguró que no existe información suficiente para evaluar su ejecución. "No hay una rendición de cuentas clara y transparente sobre esos recursos, cómo se ejecutaron, dónde se ejecutaron y cuál fue el impacto que produjeron en el sistema de salud", afirmó. El exministro sostuvo que una forma de medir indirectamente los resultados de esa inversión es revisar los indicadores de salud pública, los cuales, según el informe, muestran un deterioro. Entre ellos mencionó la caída en las coberturas de vacunación, el resurgimiento de enfermedades prevenibles y el aumento de patologías que deberían estar controladas. Como ejemplo citó la sífilis congénita, cuya tasa pasó de 3,1 a 4,5 casos, un comportamiento que calificó de "inadmisible". A su juicio, estos resultados reflejan fallas en la atención primaria y en los servicios de baja complejidad, precisamente los componentes que buscaban fortalecer los equipos básicos de salud. "Por lo menos, no están mostrando los resultados que uno esperaría", concluyó. La paradoja Entre tanto, El presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aumentó 55,7 % en términos nominales, al pasar de $73,8 billones en 2022 a $114,9 billones en 2026. Sin embargo, advierte el informe, el incremento de los recursos para el sistema no fue suficiente ante las necesidades. El informe también advierte que la situación financiera de las EPS podría ser incluso más crítica de lo que muestran las cifras oficiales, ya que Nueva EPS no ha publicado sus estados financieros de 2024 y 2025. Según el centro de pensamiento, esta ausencia impide hacer un balance completo del sector. Con la información disponible, el análisis concluye que las EPS perdieron liquidez, aumentaron su endeudamiento y profundizaron sus pérdidas. El patrimonio agregado pasó de -$2,33 billones en 2022 a -$16,86 billones en 2025 y llegó a -$18,7 billones en mayo de 2026, mientras que las pérdidas operacionales prácticamente se duplicaron, al pasar de -$4,24 billones a -$8,65 billones durante el periodo evaluado. Así Vamos en Salud prende las alarmas por el balance del sistema durante el gobierno Petro. Foto:César Mateus - EL TIEMPOPara Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, el deterioro financiero del sistema de salud responde a una combinación de problemas de gestión y administración, pero, sobre todo, a un desfinanciamiento estructural. Según explicó, durante varios años el país ha incumplido las órdenes de la Corte Constitucional sobre la financiación adecuada del sistema, en particular las derivadas de la sentencia T-760 de 2008 y de los autos de seguimiento emitidos por la Sala Especial. A su juicio, ese seguimiento ha evidenciado que el sistema no está recibiendo los recursos suficientes para operar. "El déficit generalizado que hoy afecta a todos los actores del sistema, empezando por las EPS, es producto de esas dos circunstancias, pero predominantemente de la desfinanciación deliberada del sistema de salud", afirmó.Entre tanto, El presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aumentó 55,7 % en términos nominales, al pasar de $73,8 billones en 2022 a $114,9 billones en 2026. Sin embargo, advierte el informe, el incremento de los recursos para el sistema no fue suficiente ante las necesidades. LEA TAMBIÉN El informe también advierte que la situación financiera de las EPS podría ser incluso más crítica de lo que muestran las cifras oficiales, ya que Nueva EPS no ha publicado sus estados financieros de 2024 y 2025. Según el centro de pensamiento, esta ausencia impide hacer un balance completo del sector. Con la información disponible, el análisis concluye que las EPS perdieron liquidez, aumentaron su endeudamiento y profundizaron sus pérdidas. El patrimonio agregado pasó de -$2,33 billones en 2022 a -$16,86 billones en 2025 y llegó a -$18,7 billones en mayo de 2026, mientras que las pérdidas operacionales prácticamente se duplicaron, al pasar de -$4,24 billones a -$8,65 billones durante el periodo evaluado. Para Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, el deterioro financiero del sistema de salud responde a una combinación de problemas de gestión y administración, pero, sobre todo, a un desfinanciamiento estructural. Según explicó, durante varios años el país ha incumplido las órdenes de la Corte Constitucional sobre la financiación adecuada del sistema, en particular las derivadas de la sentencia T-760 de 2008 y de los autos de seguimiento emitidos por la Sala Especial. A su juicio, ese seguimiento ha evidenciado que el sistema no está recibiendo los recursos suficientes para operar. "El déficit generalizado que hoy afecta a todos los actores del sistema, empezando por las EPS, es producto de esas dos circunstancias, pero predominantemente de la desfinanciación deliberada del sistema de salud", afirmó. Sigue toda la información de Salud en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
