El sistema de salud de Colombia pasó de enfermo crítico a estado terminal: así se profundizó la crisis del sector durante el gobierno Petro

Análisis Exclusivo suscriptores Entre 2023 y 2025 las quejas en las EPS intervenidas crecieron 51,4 %, cerraron más de 4.100 IPS y una de cada tres tutelas fue por salud.. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPOPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD16.06.2026 18:38 Actualizado: 16.06.2026 18:38

El sistema de salud colombiano no era un paciente sano cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro. Arrastraba problemas estructurales de financiamiento, desigualdades territoriales, deudas acumuladas, EPS con dificultades financieras y un creciente volumen de reclamaciones de los usuarios. Sin embargo, distintos expertos, pacientes, clínicas, hospitales y organizaciones del sector coinciden en que las decisiones adoptadas durante los últimos años no corrigieron esas fallas históricas y, por el contrario, aceleraron el deterioro de un sistema que ya se encontraba en cuidados intensivos. LEA TAMBIÉN La metáfora que utilizan varios actores del sector es la de un enfermo crítico que requería una intervención compleja y cuidadosamente planificada, pero que terminó recibiendo un tratamiento que agravó sus síntomas. Mientras el Gobierno insistía en que la crisis era consecuencia de décadas de problemas acumulados y defendía una transformación estructural del modelo, los indicadores financieros y operativos comenzaron a mostrar un deterioro creciente en distintas áreas.Las señales más visibles aparecieron en hospitales, clínicas y centros médicos. En distintas regiones del país se multiplicaron los cierres de sedes, la suspensión de servicios, la reducción de camas hospitalarias y las dificultades para sostener nóminas y especialistas. Casos como los de la Clínica Medical, la Clínica Universitaria Juan N. Corpas y la Liga Contra el Cáncer evidenciaron cómo la falta de liquidez empezó a traducirse en cirugías aplazadas, tratamientos interrumpidos, despidos de trabajadores y barreras crecientes para los pacientes.El sistema arrastra un déficit estructural estimado en cerca de 30 billones de pesos. Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPOParalelamente, las EPS intervenidas por el Gobierno, que debían mejorar sus indicadores tras la toma de control estatal, registraron un incremento sostenido de reclamos y quejas. Entre 2023 y 2025, las entonces ocho aseguradoras intervenidas aumentaron sus PQRS en 51,4 %, mientras expertos cuestionaban la efectividad de unas intervenciones que, lejos de corregir problemas históricos, parecían profundizarlos.La situación también golpeó a los proveedores de medicamentos, gestores farmacéuticos y prestadores de servicios. Pacientes denunciaron retrasos en tratamientos, cancelación de citas, interrupción de terapias y crecientes dificultades para acceder a medicamentos esenciales. Las organizaciones de usuarios advirtieron incluso sobre muertes evitables asociadas a las barreras de acceso y a la pérdida de continuidad en la atención.Mientras tanto, las deudas dentro del sistema siguieron creciendo. Hospitales y clínicas denunciaron que buena parte de su patrimonio estaba atrapado en cuentas por cobrar que no lograban recuperar. Las EPS intervenidas aparecieron como las mayores deudoras del sistema hospitalario y la Nueva EPS se convirtió en el símbolo de una crisis que afectaba a millones de afiliados. LEA TAMBIÉN A las dificultades financieras y operativas se suman indicadores que reflejan la magnitud de la crisis. Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, la deuda acumulada de las EPS asciende a 32,9 billones de pesos. Además, siete EPS se encuentran actualmente intervenidas por el Estado y concentran cerca de 20 millones de afiliados, es decir, una porción significativa de la población cubierta por el sistema de salud colombiano.Las quejas en las EPS intervenidas por el Gobierno aumentaron 51,4 % entre 2023 y 2025. Foto:Archivo particularEl panorama se volvió más preocupante porque varias de las estrategias impulsadas por el Gobierno para reemplazar mecanismos tradicionales de aseguramiento ya habían sido ensayadas en el sistema de salud del magisterio. Ese modelo, presentado inicialmente como una solución a problemas históricos, terminó acumulando denuncias por falta de pagos, escasez de prestadores, dificultades en la entrega de medicamentos y crecientes barreras de acceso.Así, la discusión dejó de centrarse únicamente en si el sistema heredado tenía problemas —algo que pocos niegan— para enfocarse en si las decisiones adoptadas durante los últimos años agravaron una enfermedad preexistente. Para numerosos expertos y organizaciones de pacientes, la respuesta es afirmativa: el sistema ya estaba enfermo, pero la combinación de desfinanciación, intervenciones fallidas, problemas de gestión y falta de liquidez terminó acelerando un deterioro que hoy amenaza la continuidad de los servicios para millones de colombianos. LEA TAMBIÉN Crisis financiera por la desfinanciación de la UPCUno de los principales focos de controversia durante los últimos años ha sido la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el recurso que financia la atención de los afiliados. Diversos sectores sostienen que el incremento de la UPC estuvo por debajo del crecimiento real de los costos médicos, generando un déficit acumulado que terminó impactando a EPS, hospitales, clínicas y proveedores. Según análisis de expertos del sector, los costos de la salud crecieron mucho más que los aumentos que anualmente realizó el Gobierno la UPC, lo que redujo la capacidad financiera del sistema para responder a las necesidades de los usuarios. Tanto así, que la propia Corte Constitucional ordenó corregirla.La Corte Constitucional ordenó corregir la UPC. Foto:Mauricio MorenoLas consecuencias de esta insuficiencia se reflejaron en una creciente iliquidez. Hospitales denunciaron retrasos en pagos, dificultades para sostener nóminas y problemas para garantizar servicios de alta complejidad. Incluso propuestas posteriores del sector plantearon la necesidad de revisar los cálculos realizados entre 2021 y 2025 y reconocer recursos extraordinarios para corregir los déficits acumulados.La insuficiencia de recursos ocurre en un contexto de deterioro financiero generalizado. De acuerdo con la Procuraduría, la deuda acumulada de las EPS alcanza los 32,9 billones de pesos, una cifra que refleja la profundidad de los problemas de liquidez que afectan a toda la cadena del sistema. Clínicas, hospitales, operadores farmacéuticos y proveedores han advertido que el aumento de la cartera vencida limita su capacidad para garantizar la continuidad de los servicios y realizar nuevas inversiones.Cierre de IPS por falta de pagosLa crisis financiera terminó trasladándose directamente a la red hospitalaria. Entre 2021 y 2025 cerraron 4.104 IPS en Colombia, mientras múltiples instituciones denunciaban que las deudas acumuladas impedían mantener la operación normal. Casos emblemáticos fueron el cierre de cuatro sedes de la Clínica Medical en Bogotá, la reducción drástica de servicios en la Corpas y la suspensión temporal de actividades de la Liga Contra el Cáncer.Los directivos de estas entidades atribuyeron buena parte de sus dificultades al retraso en los pagos de aseguradoras y entidades públicas. La consecuencia fue una reducción de camas UCI, suspensión de servicios especializados, despidos de trabajadores y miles de pacientes afectados por la pérdida de capacidad instalada. Lo que comenzó como una crisis de cartera terminó convirtiéndose en una crisis de acceso para los usuarios.La Liga colombiana Contra el Cáncer tuvo que cerrar uno de sus capítulos. Foto:Liga colombiana Contra el Cáncer.Intervención de EPS que empeoró los indicadoresLas intervenciones de la Superintendencia de Salud buscaban corregir problemas financieros y mejorar la atención. Sin embargo, los resultados reportados muestran una tendencia opuesta. Entre 2023 y 2025, los reclamos en las EPS intervenidas crecieron 51,4 %, pasando de 623.636 a 944.072. El caso más crítico fue el de Nueva EPS, que registró aumentos acelerados tanto en volumen de quejas como en tasas por afiliado.Expertos como el exministro de Salud, Augusto Galán, sostuvieron que las intervenciones no cumplieron sus objetivos y que las entidades bajo control estatal terminaron mostrando mayores dificultades operativas. Además, las EPS intervenidas registraron niveles de siniestralidad superiores al promedio del sistema, gastando más recursos por afiliado sin lograr mejoras equivalentes en la prestación de los servicios.Las intervenciones estatales adquieren una relevancia aún mayor si se considera su alcance. Actualmente existen siete EPS bajo medidas de intervención que agrupan cerca de 20 millones de afiliados. Esto significa que cualquier problema de gestión, financiación o prestación de servicios en estas entidades tiene efectos directos sobre casi la mitad del país y sobre la estabilidad general del sistema. LEA TAMBIÉN Fallas en la entrega de medicamentosLa entrega de medicamentos se convirtió en uno de los principales motivos de inconformidad ciudadana. Pacientes y organizaciones denunciaron retrasos crecientes, interrupciones de tratamientos y dificultades para acceder a terapias indispensables. Las barreras no se limitaron a los usuarios del sistema general: también se reportaron problemas recurrentes en el modelo del magisterio y en varias EPS intervenidas.Las dificultades financieras del sistema afectaron a operadores logísticos, gestores farmacéuticos y proveedores. Expertos advirtieron que la iliquidez estaba impactando toda la cadena de suministro y provocando retrasos que terminaban afectando directamente a los pacientes. El resultado fue un aumento de tutelas, reclamaciones y denuncias por vulneración del derecho a la salud.El sector farmacéutico ha enfrentado presiones por las deudas. Foto:iStockEl deterioro en el acceso a medicamentos y servicios también se refleja en los mecanismos judiciales utilizados por los usuarios para reclamar atención. Bajo ese escenario, la judicialización se convirtió en uno de los principales termómetros de la crisis: en 2025 se presentaron 1,2 millones de tutelas en Colombia y casi 379.000 estuvieron relacionadas con la salud. La cifra equivale a que uno de cada tres recursos constitucionales interpuestos en el país buscó garantizar atención médica, acceso a medicamentos o procedimientos que los usuarios no lograron obtener por las vías ordinariasEnfermedades huérfanas y denuncias por fallecimientosLas organizaciones de pacientes elevaron las alertas más graves. En el caso de la Nueva EPS, asociaciones que agrupan a más de 200 colectivos denunciaron que la crisis ya estaba produciendo consecuencias irreversibles. Según sus pronunciamientos, las fallas en la continuidad de tratamientos y la negación de servicios se habrían traducido en muertes evitables.Los pacientes afirmaron haber advertido durante años sobre el riesgo de un “apagón” del sistema. La preocupación fue especialmente fuerte entre quienes padecen enfermedades de alto costo y condiciones complejas que dependen de medicamentos especializados y seguimiento permanente. En distintos escenarios también se denunció la falta de entrega de tratamientos para pacientes con enfermedades huérfanas, quienes suelen ser los más vulnerables ante cualquier interrupción en la atención.El modelo de los maestros: el piloto que encendió las alarmasEl sistema de salud del magisterio fue presentado por el Gobierno como una alternativa para superar problemas históricos de corrupción e intermediación. Sin embargo, a menos de un año de operación ya acumulaba deudas cercanas a los 470.000 millones de pesos, suspensión de servicios, dificultades en la contratación de IPS y múltiples denuncias por problemas de atención.Hospitales en Bogotá y Medellín dejaron de atender docentes por falta de pagos, mientras las quejas por medicamentos, citas, cirugías y acceso a especialistas se multiplicaban. El modelo dependía de la Fiduprevisora como pagador único, una figura que muchos analistas compararon con el esquema que el Gobierno pretendía extender al sistema general mediante su reforma. Por eso, las dificultades observadas en el magisterio fueron interpretadas por críticos como una advertencia sobre lo que podría ocurrir a mayor escala.El Fomag fue el piloto para el sistema. Foto:ADIDAPara sus detractores, el balance del experimento fue negativo: un sistema que ya tenía problemas terminó acumulando nuevos obstáculos operativos y financieros. Y para quienes observan la crisis actual de la salud colombiana, el caso de los maestros se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de cómo una reforma diseñada para corregir fallas terminó enfrentando dificultades similares o incluso mayores que aquellas que buscaba resolver.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Salud en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.