La Nueva EPS, la más grande de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de Colombia, ha entregado finalmente sus postergados estados financieros de 2023 y 2024. El exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, designado por el Gobierno de Gustavo Petro como agente interventor de la afiliadora más grande del país, refleja pérdidas por 6,1 billones de pesos durante esos dos años, deudas superiores a los 22 billones, facturas pendientes por revisar y un patrimonio negativo de 10,6 billones. Es un panorama desalentador, pero que al menos ofrece una radiografía más o menos clara sobre los problemas de fondo que aquejan al sistema de salud de los colombianos. La principal conclusión que se extrae del informe, presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General y el Ministerio de Salud, es que el problema financiero de la entidad de mayoría estatal no se debe a sus costos administrativos, sino a que ha incurrido en gastos médicos superiores a los recursos recibidos por parte del Estado, que financia parte del sistema. En total, la Nueva EPS reporta 9,51 billones de pesos en cuentas por cobrar, de los cuales la mayoría corresponde a obligaciones que el Estado gira a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Sin dichos recursos, la entidad no cuenta con el dinero para pagarles a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud. Como el problema se ha hecho crónico, su deuda sigue creciendo. Esta situación le da la razón a la mayoría de gremios de la salud, que han argumentado que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Gobierno gira al año a las EPS por cada paciente, es insuficiente. El Gobierno Petro, por su parte, ha cuestionado que estas entidades reciban un monto de forma fija, sin veeduría, e independientemente de si prestan o no servicios de salud. El presidente ha señalado a las EPS —encargadas de asegurar los servicios de salud a todos los colombianos— de hacer un mal uso de los recursos y ha buscado eliminarlas, o cuando menos reducir sus funciones, mediante una reforma que rechazó dos veces el Congreso. El dictamen que se deriva de los estados financieros de la Nueva EPS en parte refuta su argumento. Ospina, político de izquierda como Petro, médico de profesión y quien fue designado para sanear las finanzas de la entidad en abril de 2025, aclara que los estados financieros alejan el ruido de una liquidación de la Nueva EPS, que asegura a más de 11,5 millones de los 52 millones de colombianos. Para él, muestra resultados alentadores, en cuanto este Gobierno —a menos de un mes de entregar el poder— ha logrado romper el ciclo de incertidumbre de las últimas cuatro intervenciones y ha entregado un panorama claro de la entidad. De hecho, ha señalado que Nueva EPS ha pagado cerca de 10 millones de facturas que estaban pendientes y que se remontaban a servicios prestados desde el 2008. “Creo firmemente que si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada”, dijo Ospina, de acuerdo con un comunicado publicado por la entidad. Asimismo, se comprometió a entregar los estados financieros de 2025 en los próximos 15 días, y los de 2026 a finales de este mes de julio. Dichas cifras terminarían de armar el diagnóstico, en el que el exalcalde ha calificado como “el mayor ejercicio de transparencia corporativa y rescate institucional en la historia reciente del sistema de salud colombiano”.Luego de que se conocieran los estados financieros, el presidente Petro aclaró a través de X que la mitad de la deuda de la Nueva EPS, unos 11 billones de pesos, se la debe al mismo Estado, mientras que la otra mitad es responsabilidad de los privados. “El ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al Estado y volverla deuda pública nacional”, aseguró. El saliente presidente ha argumentado que el detrimento responde a que el sistema ha sido saqueado por cuenta de la intermediación financiera privada. El futuro de la entidad dependerá del Gobierno entrante, que iniciará el 7 de agosto en cabeza de Abelardo de la Espriella.