María López |Madrid (EFE).- El alcance y los tentáculos del caso Leire crecen según avanza la investigación con dos líneas principales: presuntos intentos de boicotear causas judiciales para «proteger al PSOE» y una organización que supuestamente se aprovecharía de empresas públicas para lograr mordidas. Hay alrededor de 40 investigados.
Lo que empezó como un caso de una militante que según el PSOE iba por libre cogió vuelo con la entrada, el pasado 27 de mayo, de agentes de la UCO en la sede del partido, en la madrileña calle Ferraz, en busca de documentación.
Apenas dos meses después y tras un intenso mes de julio, ha derivado en una investigación que toca ya a instituciones del Estado, como la Fiscalía o, sobre todo, la Guardia Civil, que tiene imputados a su actual directora, Mercedes González, su antecesor y el número dos del cuerpo.
Mientras se suceden los informes policiales y las declaraciones de testigos, el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz multiplica el número de imputados, con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez a la cabeza.
El boicot de causas judiciales
