La red criminal dirigida por Santos Cerdán y que contó con Leire Díez como capitana de equipo estuvo operando durante meses en la sombra para tratar de torpedear las principales causas judiciales que amenazan al entorno del presidente y al Gobierno. Bajo el mandato del PSOE, y con el apoyo financiero del partido, la exmilitante socialista y sus socios recurrieron al chantaje y los sobornos para conseguir información sensible de jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El grupo liderado por el exsecretario de Organización del PSOE y la exalto cargo de Correos ya había trabajado de forma coordinada para beneficiarse de la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, el salto de la trama a las maniobras dirigidas a influir en investigaciones judiciales marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando sus movimientos empezaron a levantar sospechas y aparecieron las primeras informaciones sobre las cloacas del PSOE, destapadas por El Confidencial. La publicación de estas noticias sembró el pánico entre los integrantes de la organización, que comenzaron a sospechar de la existencia de un infiltrado entre los suyos. En septiembre de 2025, este medio publicó la existencia de una "fontanera" que llevaba meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial. Esta información hizo saltar las alarmas entre varios miembros de la trama. Leire Díez se comunicó con sus colaboradores para informarles de que el plan inicial, aquel ideado durante la reunión en Ferraz fechada en abril de 2024, seguía en pie. "El mensaje es: seguimos, no nos paramos, estamos haciendo las cosas de manera que queden seguras y no haya sustos", comunicó la exmilitante socialista a los suyos. Meses más tarde, este medio destapó los esfuerzos que Díez estaba llevando a cabo para controlar al exasesor de José Luis Ábalos para que no tirase de la manta. En esta ocasión, las dudas escalaron hasta el abogado de Koldo García, Ismael Oliver, quien preguntó: ¿Tenemos infiltrados? Saben mucho". El primer sospechoso fue el exescolta navarro, sobre quien siguieron sobrevolando las sospechas. "La ameba dice que no. Pero estoy segura de que algo habló", dijo la mano derecha de Cerdán. La noticia provocó cierta intranquilidad en el seno de Ferraz. Leire tuvo que contactar con "el jefe" (Santos Cerdán) para tranquilizarle. "Le he dicho que por favor no me venga abajo, que no sabe todo lo que estoy haciendo", le contó al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La paranoia empezó a extenderse a otros miembros del grupo, entre ellos, el abogado Ismael Oliver, quien advirtió a su compañera sobre la actitud de otros de los colaboradores de las cloacas del PSOE. "Yo no me fío más que de ti y de Santos. Siento decírtelo tan claro. No me fío de Jacobo (Teijelo). No me fío de Javier (Dolset). Sin duda son muy buena gente, pero sin duda son tremendamente imprudentes y tienen un problema de ego muy grave", sentenció el letrado. En mayo de 2025, El Confidencial publicó los primeros audios en los que se mostraban las maniobras de la trama de Leire Díez para actuar contra la UCO. La exmilitante socialista reaccionó de forma más contundente y se enfrentó a algunos de los asistentes a la reunión con el empresario Alejandro Hamlyn. A partir de entonces, empezaron a salir informaciones en distintos medios y la red empezó a emplear medidas de seguridad. La primera medida fue activar el borrado automático de mensajes de WhatsApp. Esto lo hicieron Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, para no dejar rastro de sus conversaciones, la exmilitante socialista, el abogado Jacobo Teijelo y, en ocasiones, el empresario Javier Pérez Dolset se comunicaban a través de la creación de un documento de Google Drive. La estrategia era escribir los mensajes en clave en el documento, para borrarlo inmediatamente después de la lectura. "Borra ya", "borro en cuanto leas", "ya puedes borrar". Apagón interno La trama también recurrió al uso de mensajería segura. Dejaron de utilizar WhatsApp para comunicarse a través de Proton Mail, para los mensajes más comprometidos, y de las aplicaciones de Signal y Threema. Estas medidas de seguridad también se extendieron a las reuniones físicas. Se estableció como punto de encuentro despachos de abogados a los que se prohibía la entrada de dispositivos electrónicos encendidos. La medida más drástica que Díez empleó para tratar de cortar el flujo de información a la prensa fue enfrentarse a alguno de los intermediarios que le conseguían reuniones con varios de sus objetivos. Tras la publicación en exclusiva de las imágenes del vídeo de la reunión entre las cloacas del PSOE y el empresario Alejandro Hamlyn, la red sufrió un apagón interno; por un lado, alguno de los colaboradores de la trama bloqueó a Leire de forma definitiva y, por otro, la "fontanera" decidió cortar por lo sano y no informar más a través del grupo de "Vacaciones y viajes" por el que se comunicaba con Luis José Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra, para conseguir información comprometida de la jueza Beatriz Biedma, a cargo de la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez. Un año después, las informaciones publicadas por este medio sobre las cloacas del PSOE han sido confirmadas por la investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz. El instructor apunta a la existencia de una presunta red criminal que operó para desestabilizar causas judiciales incómodas para el Ejecutivo, llevando a cabo actividades delictivas como chantajes y sobornos. Los investigadores sospechan, además, que el partido financió estas actividades mediante la elaboración de facturas falsas. En total, se apunta al desembolso de más de 188.000 euros. La red criminal dirigida por Santos Cerdán y que contó con Leire Díez como capitana de equipo estuvo operando durante meses en la sombra para tratar de torpedear las principales causas judiciales que amenazan al entorno del presidente y al Gobierno. Bajo el mandato del PSOE, y con el apoyo financiero del partido, la exmilitante socialista y sus socios recurrieron al chantaje y los sobornos para conseguir información sensible de jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.