La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.
Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.
