El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha abierto una nueva pieza separada para investigar los supuestos pagos del PSOE a la exmilitante socialista Leire Díez en el marco de la trama que buscaba desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno o el partido de Pedro Sánchez.PublicidadEn un auto, al que ha tenido acceso Público, el magistrado pide información a 12 entidades bancarias de 81 cuentas en las que figuran como intervinientes el PSOE, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo (estos tres últimos, investigados en esta causa).El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir la pieza separada a raíz de un oficio presentado por la UCO.La unidad actuante considera que procedente mantener la propuesta inicial de solicitud de información bancaria para "posibilitar un análisis completo de los hechos investigados y evitar que una limitación prematura de las cuentas objeto de requerimiento pueda impedir el conocimiento del recorrido de los fondos o de operaciones relevantes para la investigación atendido que las cuentas fueron identificadas por el partido y de que varias de las cuentas señaladas lo han sido únicamente en atención a la información consignada en las facturas, sin que en este momento pueda determinarse si estas fueron efectivamente abonadas en dichas cuentas ni cuál fue el destino final de los fondos".Expurgo de datos sensiblesEn su resolución, el instructor ordena que los datos sensibles económicos recabados sean utilizados por la UCO para hacer un informe, pero "evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)". PublicidadUna vez elaborado el oportuno informe, se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa. Una vez finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones. "Ninguna vulneración al derecho a la defensa de las partes puede suponer esta forma de proceder puesto que cada uno de los afectados por esta medida tienen perfecto conocimiento de la información de sus propias cuentas bancarias y podrá discutir el informe que se elabore por la UCO sin lesión alguna a su legítimo derecho a la defensa", avisa el magistrado.