El Tribunal Supremo ha ratificado la legalidad de la financiación pública concedida a Correos por el Servicio Postal Universal entre 2011 y 2020, que asciende a 1.388 millones de euros. La decisión desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal logística UNO, que además deberá asumir las costas del procedimiento. En una sentencia fechada el 29 de junio y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal respalda el plan aprobado por el Gobierno en junio de 2021, que fija la metodología para calcular la carga financiera soportada por el operador estatal al prestar un servicio de interés público, con efectos retroactivos desde 2011. Con ello, el Supremo rechaza las reclamaciones de la asociación empresarial demandante y declara conforme a derecho la normativa que reguló los marcos de compensación aplicados entre 2011 y 2020. TE PUEDE INTERESAR Esta línea coincide con la mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en enero ya desestimó recursos interpuestos por UNO y por la patronal Asempre, después de que la Comisión Europea avalara en 2020 el esquema de financiación de Correos propuesto por el Ejecutivo. Correos percibe una compensación anual por garantizar el Servicio Postal Universal (SPU), que abarca envíos nacionales e internacionales, tanto ordinarios como certificados, de cartas y tarjetas postales de hasta 2 kilogramos, así como paquetes de hasta 20 kilos, servicios por los que se reconoce esa retribución económica. TE PUEDE INTERESAR Desde 2011, y a falta de una metodología definitiva, la empresa pública recibió importes provisionales. La aprobación del método en 2021 permitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo supervisor de Correos, determinar el cálculo definitivo sobre los 1.280 millones abonados de forma provisional. El regulador fijó las compensaciones en 164,1 millones para 2011; 108,3 millones para 2012; 141,8 millones en 2013; 127 millones en 2014; 113 millones en 2015; 148 millones en 2016; 111,7 millones en 2017; 119,5 millones en 2018; 177,3 millones en 2019; y 177 millones en 2020, sumando un total final de 1.388 millones. Además, el nuevo plan gubernamental vigente hasta 2030 duplica los recursos asignados a Correos al atribuirle la prestación de nuevos servicios públicos, incluidos numerosos trámites administrativos y financieros en el entorno rural. El Tribunal Supremo ha ratificado la legalidad de la financiación pública concedida a Correos por el Servicio Postal Universal entre 2011 y 2020, que asciende a 1.388 millones de euros. La decisión desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal logística UNO, que además deberá asumir las costas del procedimiento.